La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la extensión del estado de excepción que rige en el país desde el pasado 20 de junio. La medida de seguridad, que expiraba originalmente durante esta jornada de viernes, logró el apoyo clave de 100 legisladores, quienes acogieron la solicitud del Ejecutivo para mantener el resguardo frente a los grupos que exigen la dimisión del actual presidente, Rodrigo Paz.

Durante la exposición de los fundamentos constitucionales, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, justificó la urgencia de mantener el despliegue de seguridad. El secretario de Estado advirtió ante el hemiciclo que suspender la medida abría el inminente riesgo de “una eventual reactivación y articulación de bloqueos, marchas, paros, concentraciones, con posible afectación de sectores estratégicos, combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica”. En la misma línea, el titular de Defensa, Ernesto Justiniano, valoró los avances asegurando que “Bolivia hoy está más tranquila que hace tres meses”, pero enfatizó que la fragilidad del escenario exige sostener el control militar.

La profunda crisis política que motivó este régimen excepcional comenzó tras la articulación de más de un centenar de bloqueos carreteros en siete de los nueve departamentos de la nación. Las severas movilizaciones, impulsadas por facciones afines al expresidente Evo Morales, lograron paralizar el abastecimiento durante 50 días y solo pudieron ser desarticuladas tras un complejo acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y la posterior intervención de las Fuerzas Armadas.

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