Tras denuncias presentadas ante Contraloría por el concejal Ronald Olivares Cruz, se habrían detectado severas irregularidades en obras de la alameda O’Higgins y la Plaza de Armas San Felipe, ordenando un sumario administrativo.
Según lo dicho a Diario El Trabajo por parte del edil, esta investigación especial impulsada por él, habría confirmado que el municipio aplicó multas al margen de la ley por más de $9,6 millones, y omitió registrar obras ejecutadas por $4,1 millones. En este contexto, el ente fiscalizador habría dado 15 días para iniciar un procedimiento disciplinario.
El concejal sostuvo que es «un duro diagnóstico a la gestión técnica y administrativa de la Municipalidad de San Felipe el que formuló la Contraloría Regional de Valparaíso, a través del Informe Final N° 501-2026. El pronunciamiento del órgano fiscalizador surge como respuesta a las denuncias y requerimientos ingresados formalmente ante esa entidad de control, para transparentar la ejecución de los contratos de la pileta de la Plaza de Armas y la alameda O’Higgins (tramo Portus – Toromazote)», señaló.
Tras la fiscalización solicitada, la Contraloría habría constatado graves falencias de control interno, falta de trazabilidad, omisión de respuestas y cobros improcedentes por parte de la administración municipal.
Olivares contó que entre los hallazgos más complejos confirmados por el organismo de control, destacan el cálculo e intento de cobro de multas en la obra de la Avenida O’Higgins por $33.631.696, cifra que superó abiertamente el límite máximo del 20% permitido por las propias bases del contrato ($24.022.636). Esta situación habría generado un cobro excedentario e ilegal de $9.609.060.
A ello, se sumaría que la Inspección Técnica de Obras (ITO) omitió en la liquidación, partidas que estaban efectivamente construidas en terreno, tales como la colocación de baldosas podotáctiles y postes de alumbrado público por un valor de $4.175.621.
ORDENAN SUMARIO Y FIJAN PLAZOS PERENTORIOS
A raíz de los antecedentes fiscalizados y expuestos en la denuncia, Contraloría habría ordenado al municipio la instrucción de un procedimiento disciplinario/sumario administrativo, otorgando un plazo perentorio de 15 días hábiles para remitir el decreto de inicio. Asimismo, se habrían fijado 60 días hábiles para reliquidar los contratos, reconociendo las obras omitidas y reajustando los valores de las multas.
FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA
Frente a las conclusiones del dictamen, dijo el concejal Olivares, la gestión fiscalizadora en el Concejo Municipal se enfocará en exigir el cumplimiento estricto de las sanciones y plazos impuestos por la Contraloría.
«Nuestras denuncias ante la Contraloría no eran infundadas, hoy el ente rector nos da la razón y confirma que existen desprolijidades administrativas y falta de rigurosidad técnica que exponen el patrimonio de San Felipe. Mi compromiso como concejal es fiscalizar de cara a los vecinos. Exigiré en el Concejo Municipal la citación inmediata de los departamentos responsables para conocer el decreto del sumario y velar por que se devuelva la certeza jurídica y financiera a la comuna», aseguró.
En ese sentido, y con este dictamen, la Municipalidad de San Felipe debería rectificar en los próximos dos meses la liquidez financiera de las obras auditadas y remitir los antecedentes al Sistema de Seguimiento de la Contraloría General de la República.
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