Mucho se habla de la Rentabilidad Social (RS) que tiene que ver principalmente con la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas con un proyecto, pero eso le juega en contra a dos ciudadanos de nuestro país específicamente de la comuna de Putaendo, que quizás por ser dos personas que tienen un terreno privado y que decidieron invertir, el Estado los tiene abandonados por haber querido mejorar su calidad de vida al comprar un terreno que no está urbanizado.
Esto les está sucediendo a dos vecinos de Putaendo la primera: Alda Montenegro, quien lleva viviendo en el lugar hace cuatro años. «Nosotros compramos estos terrenos, lo mío es chico, porque son 300 metros y como piden factibilidad de agua y luz, el error de nosotros por tener su casa, compramos pero esto debiera haberlo hecho la persona que nos vendió, porque ellos deberían haber urbanizado, eso es lo que nos dijeron el municipio», señaló.
Dicen que el proyecto de alcantarillado para ellos es imposible, porque hace cuatro años atrás salía 32 millones de pesos solamente por el agua, porque Esval «quiere que nosotros hagamos extensiones de matriz hacia acá y nosotros estamos a la entrada de Putaendo, en pleno centro, y de dónde si somos los niños jóvenes que no tienen trabajo, yo tampoco, porque soy pensionada con 110 mil pesos y me dijo el alcalde que para qué había comprado aquí si sabía que no iba a poder».
El problema que tienen estas familias es que no se pueden conectar al agua potable ni al alcantarillado, pese a que el agua pasa por al frente de ellos. «Esval quiere que cambiemos todas las cuestiones y quieren hacer extensiones y eso tiene un costo millonario y nunca va a ser de nosotros», comentó.
Otro de los vecinos, Edgardo Cordero, se pregunta cómo van a pagar una extensión de matriz que no va ser propia, va ser pública de Esval. En el fondo es «pagar nuestra conexión y la extensión. No, porque no nos corresponde, es algo que no es propio, porque después se puede acoplar el vecino, la obra que está al lado es grande; no sé, lo que sea se va a acoplar ahí y nosotros vamos a gestionar esos gastos», reclamó.
Comenta que paga un millón de pesos en contribuciones al año por su propiedad que está considerada urbana, «pero no tengo mi matriz afuera para conectarme y no puedo; yo quisiera conectarme, no a la otra cuadra, pero yo no tengo a la matriz afuera para conectarme. Yo haría esas gestiones si la matriz estuviera afuera, pero no a la otra cuadra, igual es alto presupuesto», añadió.
Desde Esval, el subgerente zonal Aconcagua, Rodrigo Lastra, aclaró los ámbitos de responsabilidad en estos casos y qué deben realizar los interesados cuando adquieren una propiedad que no se encuentra urbanizada o no está conectada a los servicios básicos:
«Entendemos la preocupación que plantea doña Alda por la conexión de su propiedad a la red de agua potable y alcantarillado, sin embargo, las empresas sanitarias no tienen la facultad de urbanizar un terreno.
«La normativa establece que el urbanizador debe ejecutar a su costa las instalaciones sanitarias con sus obras de alimentación y desagüe. En este caso, el terreno no dispone de conexión a nuestros servicios, por lo que contactaremos a la señora Alda para orientarle y aclarar sus dudas.
«Es importante, previo a la compra de terrenos, informarse de la disponibilidad de conexión a servicios básicos. De esa manera, se puede prever con precisión los costos de edificar», finalizó.
Señalar además, que desde la Municipalidad de Putaendo el alcalde Mauricio Quiroz no nos respondió, después de haberle mandado el audio completo de la grabación.
La entrada Quieren tener agua potable y alcantarillado, pero una norma del Estado los perjudica se publicó primero en Diario El Trabajo.
