- Residentes de la Comunidad Calle Herrera señalan insoportables olores, plagas de vectores, ruido constante y un polvo fino generado por el estiércol que afecta la salud y la agricultura local. Además, critican que el proyecto fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental sin consulta previa a la comunidad.
Una compleja situación ambiental y social enfrentan los habitantes de la Comunidad Calle Herrera, debido a las operaciones a escala industrial de una lechería perteneciente a la Agrícola ‘Don Alejo’. El recinto alberga actualmente cerca de 1.900 vacas destinadas a la producción de leche, además de unas 200 cabezas de ganado adicional, generando un impacto negativo que mantiene en alerta a los vecinos.
Diego Núñez Sáez, integrante de la comunidad, conversó con Diario El Trabajo para dar a conocer las diversas externalidades que genera la planta. Según explicó, la empresa ingresó su Declaración de Impacto Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recién después de haber sido fiscalizada hace unos dos años por la Seremi de Salud, entidad que determinó la obligación legal de someter el proyecto al sistema formal debido a la alta cantidad de animales. A ello se suma una infracción en curso aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
IMPACTOS AMBIENTALES Y EN LA SALUD
Entre las principales afecciones que sufren los vecinos se encuentra el manejo y la acumulación de toneladas diarias de excremento y orina. Durante la temporada seca —principalmente entre octubre y marzo— los malos olores se vuelven «insoportables», imposibilitando la permanencia en el exterior de las viviendas.
A este escenario se suma el factor del viento, característico de la zona: «Como los animales pisotean la caca, esto genera un polvillo muy fino que se lo lleva el viento hacia las casas, quedando impregnado en ventanas, techos y jardines», relató Núñez. Esta suspensión de partículas no solo genera irritabilidad ocular y respiratoria en los pobladores, sino que también afecta a las plantas de producción agrícola local al impedir el proceso normal de fotosíntesis, reduciendo los rendimientos de los cultivos.
La proliferación de vectores es otro punto crítico en primavera y verano. Los pobladores denuncian la presencia masiva de moscas, roedores y palomas, lo que les impide realizar actividades tan cotidianas como comer en sus patios. Asimismo, reportan contaminación acústica durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, por el funcionamiento ininterrumpido de tractores, retroexcavadoras y generadores industriales.
PROCESO A ESPALDAS DE LA COMUNIDAD Y CONFLICTO SOCIAL
Uno de los aspectos más cuestionados por los afectados es la falta de transparencia. El proyecto fue sometido al SEA sin socializarlo previamente con el sector. De acuerdo con Núñez, los estudios iniciales se realizaron de forma parcial y a espaldas de la población. Incluso, se señala un conflicto de intereses local, ya que el presidente de la junta de vecinos es hermano del encargado de la empresa y trabaja en la misma lechería, por lo que la comunidad no recibió información oportuna por esa vía.
Ante esta situación, los vecinos se organizaron para reunir firmas y solicitar formalmente un proceso de Participación Ciudadana (PAC) ante el SEA, logrando que el organismo concrete instancias informativas. No obstante, las peticiones de reunión sostenidas formalmente con la empresa no han tenido respuesta, limitándose a conversaciones informales donde se prometen medidas como barreras verdes o mallas contra el sonido que no figuran por escrito en la evaluación ambiental ni en compromisos voluntarios.
La baja disponibilidad de los habitantes para denunciar se explica también por la dinámica social del sector. Se trata de una comunidad reducida —de unas 100 personas— donde gran parte de la población tiene vínculos de parentesco o laborales directos con los propietarios del plantel, lo que genera divisiones e inhibe la participación por temor a represalias o conflictos familiares.
LLAMADO A COMPROMISOS FORMALES
Los afectados señalan que decidieron hacer pública la denuncia para presionar a las autoridades y a la titular del proyecto con el fin de acordar compromisos formales y exigibles por ley antes de que concluya la evaluación ambiental, proceso que podría extenderse de uno a dos años más.
Diario El Trabajo deja abierta la posibilidad para que la empresa Agrícola ‘Don Alejo’ realice sus descargos respecto a las denuncias señaladas en este artículo.
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