A través de una declaración pública, la Asociación Chilena de Municipalidades manifiestó su “sorpresa” al conocer que el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, ya ingresado a la Contraloría General de la República, la que “incorpora una cláusula que establece una nueva causal de destitución para los alcaldes, la cual nunca fue socializada con las asociaciones de municipios ni con los propios jefes y jefas comunales”.

La entidad afirmó que el directorio, encabezado por su presidente Gustavo Alessandri, ha venido trabajando junto al Ministerio de Seguridad en una mesa técnica para mejorar la seguridad de nuestras comunas a partir de la experiencia local, bajo el liderazgo del subsecretario Gonzalo Guerrero. Sin embargo, no fue alertardo sobre este punto.

Agregaron que “como Asociación Chilena de Municipalidades lamentamos que una disposición de esta importancia no haya sido puesta en nuestro conocimiento antes de su ingreso a Contraloría, considerando además que reviste claros elementos de ilegalidad, en la medida en que una causal de cese de una autoridad elegida democráticamente no puede establecerse por la vía de un reglamento”.

“Por lo anterior -señalaron-, y con la permanente voluntad de colaborar con este Gobierno —especialmente en materias de seguridad—, solicitamos que se retrotraiga la presentación de este reglamento y se elimine dicha cláusula, para trabajar junto al municipalismo en una propuesta que efectivamente recoja las prioridades de nuestras 346 comunas”.

Rechazo transversal

A través de su cuenta de X, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), se sumó al rechazo y afirmó que “la Ley de Seguridad Municipal tiene por objetivo fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad, y no amenazar con quitarles autonomía. Por supuesto que se nos debe exigir responsabilidad en esta materia, y sancionar debidamente cuando eso se incumpla. Pero preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente. Y más aún enterarnos de esto por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes. Esperamos que esto se pueda aclarar desde el ejecutivo. La autonomía municipal también debe respetarse”.

A su vez, el alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente, Felipe Alessandri (RN), también cuestionó la disposición a pesar de haber declarado en general su apoyo al Ejecutivo. “Quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error”, señaló.

En tanto, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), afirmó que “amenazar con la destitución por una “falla administrativa” no fortalece la responsabilidad. Termina incentivando lo contrario: que nadie quiera firmar, que nadie quiera decidir, que todo se derive al nivel central para no arriesgar el cargo. Necesitamos alcaldes que se hagan cargo, no alcaldes paralizados por el miedo a equivocarse”.

Agregó que “se nos entregaron nuevas obligaciones sin el financiamiento, el equipamiento ni la capacitación para cumplirlas. Primero llegó la exigencia y recién ahora llega la regla. Que en ese mismo texto aparezca la sanción más grave posible para la autoridad electa, y no la solución al problema de recursos, dice bastante sobre dónde se está poniendo la responsabilidad. Si una autoridad electa puede perder su cargo, esa causal debe estar claramente establecida en la ley, discutida en el Congreso, con proporcionalidad y debido proceso. No en un reglamento. Espero que el Gobierno corrija este punto ya“.

La reacción del Gobierno

Ante las críticas, la Subsecretaría de Prevención del Delito afirmó que el artículo 8 “no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo actualmente vigentes”.

Según la repartición, el notable abandono de deberes ya está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y que el reglamento solo explicita cómo podría operar la responsabilidad administrativa ante determinados incumplimientos. Agregó que el reglamento actualmente en trámite deberá ser retirado y reingresado una vez que el Congreso despache la denominada “Ley Corta” de seguridad municipal.

A su vez, la Subsecretaría señaló que “esto abre un espacio natural para revisar y perfeccionar aspectos de la reglamentación, proceso en el que la Subsecretaría mantiene contacto permanente con los alcaldes del país a través de sus asociaciones, con el objeto de recoger su experiencia práctica e incorporar los ajustes que correspondan”.

 

 

 

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