El proyecto de Sala Cuna Universal inicia esta semana su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de un escenario marcado por la decisión del Gobierno de acelerar su tramitación y por la falta de consenso respecto a la fórmula de financiamiento.
La presión del Gobierno apunta a evitar que el proyecto permanezca en el Congreso. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo que la iniciativa será tramitada “con la mayor celeridad” y que durante las próximas semanas se sumarán a la agenda el Presupuesto 2027 proyectos de mercado de capitales, al igual que distintas iniciativas de seguridad.
Así, con discusión inmediata, el proyecto de Sala Cuna Universal deberá pasar por las comisiones de Trabajo y Hacienda, y eventualmente por otras instancias, según las materias que se modifiquen.
El principal nudo de la discusión legislativa está en el financiamiento. La fórmula impulsada por el Ejecutivo contemplaba destinar 0,35 puntos porcentuales de la cotización de cargo del empleador al Seguro de Cesantía para financiar un Fondo de Sala Cuna, mecanismo que fue rechazado en el Senado.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, defendió la propuesta de financiamiento del Gobierno para Sala Cuna Universal previo al inicio de su discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados: “Nosotros como Ejecutivo propusimos una forma, un mecanismo de financiamiento que es responsable, que no encarece los costos de contratación y que además se hace cargo de la realidad del país en materia de gastos fiscales”.
La secretaria de Estado agregó que “es una propuesta sostenible” y manifestó su expectativa de que las conversaciones con los parlamentarios permitan alcanzar “una aprobación favorable”.
Entre los miembros de la Comisión de Trabajo las visiones en torno al financiamiento son muy distintas. La diputada Ximena Ossandón (RN( planteó que el debate debe abordar algo más que el origen de los recursos. “No es solo la fórmula de financiamiento, sino también quién va a ser el sujeto de derecho de quien recibe el beneficio”, sostuvo.
La parlamentaria apuntó a la diferencia entre establecer el beneficio para los hijos de padres o madres trabajadores y convertirlo en un derecho de todos los niños. Señaló que dicha definición puede significar “un cambio importante” en materia de financiamiento y advirtió que un eventual aporte fiscal no significa que el costo desaparezca: “El Estado de Chile es la plata de todos los chilenos igual. O sea, no existe el maná, esta cosa no cae del cielo”.
Además, Ossandón pidió al Ejecutivo involucrarse con mayor intensidad en la tramitación y cuestionó que Sala Cuna Universal no tenga el mismo despliegue político que otras iniciativas de La Moneda. “Lo que yo le pido al Gobierno es que le ponga la misma energía que le ha puesto a los otros proyectos”, afirmó.
Desde el PDG, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la diputada Tamara Ramírez manifestó que su bancada mantiene disposición a avanzar en la iniciativa, pero estableció como condición que no se afecte el Seguro de Cesantía: “Como bancada hemos sido claros en que no vamos a retroceder en derechos sociales. El Seguro de Cesantía no se puede tocar”.
Ramírez señaló que se debe determinar una fórmula sostenible en el tiempo y recordó que el Senado aprobó que el menor de dos años sea el sujeto de derecho de la Sala Cuna, lo que, a su juicio, también implica una participación del Estado. Entre las alternativas planteadas por el PDG está que el padre del menor asuma parte del costo y un esquema tripartito, con aportes del empleador, trabajador y Estado.
Desde la oposición, el diputado Héctor Ulloa (PPD) respaldó avanzar hacia una política de Sala Cuna Universal, pero rechazó que su costo termine trasladándose al Seguro de Cesantía. “No podemos desproteger el seguro de cesantía que le pertenece a todos los trabajadores”, manifestó. Para Ulloa, el proyecto modifica una obligación que tradicionalmente ha recaído en los empleadores para trasladar su financiamiento a los trabajadores mediante sus cotizaciones.
Además, cuestionó la premura del Ejecutivo y sostuvo que la rapidez respondería, según su interpretación, al escenario de votaciones en el Senado y al eventual desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en lugar de estar centrada en perfeccionar la política pública. “No hay que ser muy pitoniso, tienen los votos suficientes para aprobar cualquier tipo de cosa”, lanzó el diputado PPD.
Una postura similar expresó el diputado Patricio Pinilla (DC), quien cuestionó la discusión inmediata y pidió más tiempo para revisar tanto el financiamiento como los efectos del proyecto.
“No nos parece que el Gobierno le dé nuevamente una discusión inmediata, una tramitación rápida, a un proyecto que requiere revisarlo con mucha más detención”, mencionó.
Pinilla respaldó el rechazo del Senado a utilizar una parte relevante del Seguro de Cesantía y sostuvo que ambas políticas responden a contingencias distintas: “En el caso de las Sala Cuna, (…) lo que se busca es la protección de la educación y el cuidado del menor. Y en el caso del Seguro de Cesantía, es precisamente proteger al trabajador de esta situación, de esta contingencia de desempleo”.
El diputado planteó que el Estado debe asumir una mayor responsabilidad, aunque también abrió la puerta a una fórmula mixta que considere aportes de empleadores y, eventualmente, una parte menor de las cotizaciones.
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