Corte declara ilegal allanamiento e incautación de teléfono en municipio de Llay Llay

• El tribunal determinó que la medida carecía de justificación y que el actuar policial vulneró su libertad.–

Diversas reacciones generó hace semanas el procedimiento que realizó la PDI en el municipio de Llay Llay, en el que se incautaron equipos computacionales y documentos, y en el que incluso el alcalde Edgardo González, entregó su celular para ser periciado; todo esto, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades al interior de la entidad edilicia.

La investigación que realiza la PDI se enmarca en analizar diversas adjudicaciones de licitaciones y tratos directos a empresas vinculadas con algunos funcionarios municipales de la comuna del viento. Procedimiento, el cual, fue cuestionado por las autoridades locales.

Tras las acciones legales realizadas desde el municipio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor del director jurídico de la Municipalidad de Llay Llay, acogiendo un Recurso de Amparo en su defensa. La resolución, del 30 de septiembre de 2026, declara ilegal la autorización judicial y el procedimiento policial que derivó en la incautación de su computador laboral y teléfono personal el pasado 11 de septiembre.  En ese mismo procedimiento se informó de manera errónea por la prensa, que el alcalde Edgardo González Arancibia había sido detenido.

Los hechos ocurrieron cuando más de una decena de funcionarios de la PDI llegaron al municipio solicitando la entrega voluntaria de equipos computacionales y telefónicos sin contar con una orden judicial fundada, algo muy extraño en este tipo de procedimientos.

Por ello, el administrador municipal, quien también es abogado, solicitó dicho documento, siendo retenido por al menos cuatro horas sin tener derecho a comunicarse mientras se gestionaba una orden verbal del Juzgado de Garantía de San Felipe.

El fallo determinó que la medida se dispuso de forma infundada, vulnerando la normativa. La Corte argumentó que existe ausencia de antecedentes que vincularan objetivamente al director jurídico con los delitos que se investigan, evidenciando una falta de proporcionalidad en la decisión.

Además, concluyó que la PDI vulneró la libertad personal del amparado al mantenerlo retenido en su oficina a la espera de la orden. En consecuencia, el tribunal de alzada dejó sin efecto la autorización judicial y declaró ilegales los resultados de las diligencias. Además, ordenó restituir los objetos incautados a la brevedad, eliminar los datos obtenidos de ellos y declaró ilegal el procedimiento ejecutado por la PDI.

Al respecto, el alcalde Edgardo González Arancibia, señaló que «es de extrema gravedad que funcionarios de la PDI de Los Andes vulneraran las garantías constitucionales de trabajadores municipales mediante retenciones ilegales, sin fundamentos mínimos y excediendo sus atribuciones, tal como confirmó la Corte de Apelaciones al descartar delitos en el municipio.

«Estos actos atentan contra el Estado de derecho y representan una grave falta a la probidad, por lo que exigimos a las altas autoridades una respuesta institucional categórica y la aplicación de los sumarios correspondientes. Solo con estas medidas disciplinarias, nuestro municipio y la comunidad de Llay Llay podrán seguir confiando en la institución», sentenció el edil.

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