Integrantes del Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile manifestaron su preocupación y rechazo a la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que impulsa el actual Gobierno, advirtiendo que la iniciativa podría debilitar la autonomía del organismo y limitar su capacidad para defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
A través de una declaración pública, las y los académicos e investigadores sostuvieron que la defensa de los derechos fundamentales debe constituir una política de Estado y no depender de la orientación política de cada administración. En ese sentido, recalcaron que el INDH nació en 2009 como una institucionalidad necesaria para la democracia, recogiendo las lecciones de las comisiones de verdad y las demandas de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura.
“No es un capricho administrativo”, enfatizaron sobre la creación del organismo, cuyo propósito, señalaron, ha sido contribuir a que los crímenes de Estado no vuelvan a ocurrir.
En esa línea, destacaron que la independencia del instituto le ha permitido documentar e informar sobre la situación de los derechos humanos en distintos periodos políticos, incluso en contextos de alta polarización. “Precisamente el valor del INDH es que no depende de la coyuntura política del gobierno de turno; algo que hoy se pretende cambiar a través del proyecto de ley de reforma que ha ingresado el Ejecutivo”, advirtieron.
Cuestionamientos a la composición del Consejo
Uno de los principales reparos de los firmantes apunta a los cambios propuestos para la composición del Consejo del INDH. Si bien reconocieron que el Ejecutivo plantea la reforma como una modernización institucional, sostuvieron que sus disposiciones podrían comprometer la independencia del organismo.
“El actual gobierno dice que busca modernizar el INDH, pero la iniciativa atenta contra su autonomía e independencia”, afirmaron.
En particular, cuestionaron la propuesta de establecer un Consejo designado casi íntegramente por la Presidencia de la República y el Congreso, eliminando la participación de organizaciones de la sociedad civil. A juicio de los firmantes, este mecanismo dejaría al organismo expuesto a las mayorías políticas del Parlamento.
Actualmente, señalaron, la composición del Consejo permite un mayor pluralismo mediante la participación de organizaciones sociales y de derechos humanos, representantes de la academia, pueblos originarios y distintas sensibilidades políticas.
Alertan por eliminación de querellas
Otro de los puntos que concentra las críticas es la eliminación de la facultad del INDH para interponer querellas. Según la declaración, la reforma limitaría las herramientas del organismo para intervenir en procesos penales relacionados con violaciones a los derechos humanos.
“La reforma incide además en una función trascendental en el mandato del INDH: elimina la posibilidad de interponer querellas, lo que desarma directamente la defensa de las víctimas”, plantearon.
Los firmantes explicaron que la diferencia entre presentar una denuncia e interponer una querella es fundamental, puesto que esta última permite participar como parte en un proceso penal e impulsar diligencias para esclarecer los hechos y perseguir responsabilidades.
En ese contexto, mencionaron causas relacionadas con torturas, apremios ilegítimos, desapariciones forzadas y otros delitos que afecten a personas víctimas de acciones del aparato estatal.
“La distinción entre denuncias y querellas es gravísima”, sostuvieron, argumentando que, sin esta atribución, se dificultaría la persecución penal de las violaciones a los derechos humanos. En contraste, explicaron que la denuncia únicamente pone los hechos en conocimiento del Ministerio Público.
Por ello, advirtieron que la eliminación de las querellas podría reforzar la impunidad y debilitar la protección de quienes han sufrido vulneraciones de sus derechos fundamentales.
Advierten impacto en las regiones
La declaración también cuestionó la reducción de personal jurídico que, según sus autores, contempla la propuesta. En concreto, señalaron que se reduciría en un 70 % el número de abogados y abogadas como consecuencia de la pérdida de la facultad de presentar querellas.
A juicio de los investigadores, esta medida afectaría especialmente a las regiones, debido a que la propuesta no contemplaría el domicilio de las sedes regionales.
“Se trata de un gran retroceso en el despliegue institucional del organismo”, afirmaron, alertando sobre las consecuencias que podría tener en la intervención frente a conflictos territoriales, zonas de sacrificio, vulneraciones de derechos en contextos migratorios, situaciones que afectan a pueblos indígenas y condiciones de las personas privadas de libertad.
En ese sentido, advirtieron que “una institucionalidad centralizada queda ciega ante los diversos conflictos del territorio y genera desigualdades en la protección de las personas”.
Cuestionan intervención del Ejecutivo en el Consejo
Los firmantes también manifestaron reparos frente a la disposición transitoria que, según describieron, permitiría que el Consejo del nuevo régimen fuera propuesto íntegramente por el Presidente de la República al Senado una vez promulgada la ley.
“Ningún estándar internacional ampara que un gobierno determine por ley quién dirige la institución que debe controlar al propio Estado de manera independiente, para reemplazarla por personas de su confianza”, señalaron.
Finalmente, las y los integrantes del Programa de Psicología Social de la Memoria insistieron en que la protección de los derechos humanos debe mantenerse al margen de las disputas entre sectores políticos y de los cambios de administración.
“Los derechos humanos no pertenecen a un sector político ni a un periodo de gobierno, sino que es un compromiso del Estado con toda la población”, recalcaron.
Si bien reconocieron que es posible debatir mejoras al funcionamiento del instituto, rechazaron que estas impliquen, en la práctica, su desmantelamiento. Por ello, llamaron al Congreso a rechazar las disposiciones que, a su juicio, afectan la autonomía del organismo, e instaron a organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos a defender su institucionalidad.
“Un país que debilita sus instituciones de derechos humanos, sienta las bases para la repetición de graves hechos de nuestra historia”, concluyeron, agregando que “defender el derecho a defender derechos es hoy una prioridad ante quienes buscan asediar la democracia con voces autoritarias”.
La entrada Académicos de la U. de Chile rechazan reforma al INDH: advierten riesgos para su autonomía y la defensa de las víctimas se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.
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