Tras la inhabilitación de dos jueces, hoy en la tarde se dio inicio en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago a la preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, acusada de fraude al fisco.
La audiencia se postergó el 7 de octubre pasado debido a que el juez Juan Carlos Silva, a petición de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se inhabilitó por su amistad con el anterior abogado de la ex jefa comunal, Cristóbal Bonacic.
Hoy en la mañana, la Defensoría Penal Pública que representa a Barriga solicitó la inhabilitación del juez Hugo Torres, quien ya dictó sentencia condenatoria respecto de cuatro imputados en la causa en procedimientos abreviados.
Finalmente, en la tarde, la jueza Constanza Estay asumió la preparación de juicio oral, la cual según se estima podría durar dos semanas. Se discutirán las pruebas que presentarán tanto la fiscalía como la Defensa Penal Pública de Barriga, los testigos y peritos.
La Fiscalía Metropolitana Oriente acusó a Cathy Barriga por fraude al fisco por cerca de 33.500 millones de pesos, falsificación y uso de instrumento público falsificado, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible.
Por cada uno de ellos, el Ministerio Público solicitó penas que, en conjunto, superan los 23 años de cárcel. El detalle incluye 10 años y un día por fraude al fisco, 7 años por falsificación, 5 años y un día por malversación y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante pidió 37 años de presidio en contra de Barriga, a la cual acusa de encabezar junto a otros funcionarios una estructura administrativa destinada a evadir controles financieros internos.
Esto le habría permitido realizar gastos sin respaldo presupuestario y la manipulación sistemática de la contabilidad municipal entre 2016 y 2021.
El CDE calcula un perjuicio fiscal de $32.884 millones, derivado de la sobre ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas en la contabilidad oficial y el uso irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.
Entre los gastos observados se incluyen eventos masivos, campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero y pagos a proveedores cuyos servicios ya estaban comprometidos, lo que generó deudas trasladadas a ejercicios posteriores.
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