Parlamentarios de oposición acudieron a la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes sobre la indicación incorporada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en la reforma al mercado de capitales. Esta busca ampliar las funciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y permitirles gestionar recursos destinados al ahorro para la vivienda.
El objetivo de los parlamentarios es establecer si el Ministerio de Hacienda consultó al organismo regulador antes de incluir la norma, aprobada esta semana en la Comisión de Hacienda por nueve votos contra cuatro.
El diputado Juan Santana (PS) sostuvo que la propuesta permitiría a las administradoras gestionar recursos adicionales a los ahorros previsionales, en un contexto marcado por los cuestionamientos al desempeño de los fondos. “Queremos preguntarle a la Superintendencia con qué criterio el Gobierno, y si es que le consultó, autorizó la posibilidad de que esta indicación fuese incorporada en esta reforma”, señaló.
El parlamentario también cuestionó la legalidad de la medida y recordó que, según planteó, el Decreto Ley 3 mil 500 establece que las AFP tienen como función administrar las cuentas de los trabajadores para fines previsionales. “Pero ahora, clandestinamente, el Gobierno le está entregando la posibilidad ahora de administrar los fondos que los chilenos y chilenas reúnen para acceder a una vivienda”, apuntó Santana.
La diputada Irací Hassler (PC) sostuvo que la propuesta resulta contradictoria con los cuestionamientos que han surgido por las pérdidas de los fondos de pensiones y advirtió sobre los riesgos de extender las actividades de las administradoras.
“En este contexto, aunque el gobierno dice que no le es indiferente esta situación, al mismo tiempo señala que se amplíe el giro de las AFP”, cuestionó. La parlamentaria calificó la indicación como “un caballo de Troya dentro de la reforma al mercado de capitales”, al considerar que amplía el negocio de las administradoras en medio de las críticas a su desempeño.
En ese sentido, señaló que la Superintendencia debe aclarar qué antecedentes manejaba sobre los riesgos de inversión, cuántas personas resultaron afectadas y qué medidas se contemplan para restituir los recursos.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) cuestionó que el Ejecutivo impulse esta modificación mientras persisten los cuestionamientos por las pérdidas que han afectado a los afiliados, especialmente a quienes optaron por fondos conservadores y están próximos a jubilar.
“¿Qué certeza, qué garantía de que esos ahorros van a estar bien resguardados frente a la experiencia que estamos viviendo hoy con lo que ha pasado con los fondos?”, planteó. La parlamentaria calificó la iniciativa como un “escándalo” y criticó que el Gobierno incorpore la ampliación de funciones de las AFP en la reforma al mercado de capitales.
Investigación a las AFP
En paralelo, los diputados de la Bancada PPD-Independientes Jaime Araya, José Montalva y Héctor Ulloa, junto a los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, solicitaron a la Fiscalía la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar eventuales delitos cometidos por ejecutivos de las AFP.
José Montalva sostuvo que la investigación debe determinar si existieron delitos y quiénes deberían responder económicamente por las pérdidas. “Y aquí, si es que existe un delito, son las AFP que deben pagar hasta el último peso que se haya perdido a los afiliados”, afirmó.
El diputado precisó que la denuncia busca investigar la eventual existencia de delitos y no dar por acreditada su comisión. En esa línea, sostuvo que deben examinarse las decisiones de las administradoras para determinar si privilegiaron sus propios intereses por sobre los de los afiliados.
Por su parte, Daniel Manouchehri (PS) defendió la solicitud de una investigación penal y afirmó que las eventuales responsabilidades deben establecerse. “Nosotros tenemos la convicción que el portonazo de las AFP se debe investigar a fondo”, señaló.
El parlamentario también criticó la respuesta del Gobierno frente a las pérdidas previsionales y cuestionó que no se hayan presentado medidas claras para explicar cómo se devolverían los recursos a los afectados. “No ha tenido la capacidad tampoco de plantear más allá de solo palabrerío cómo se va a devolver ese dinero a los chilenos”, sostuvo.
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