La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció una ofensiva legislativa y solicitó antecedentes al Ministerio de Justicia tras conocerse 56 reducciones de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores.
Además, la senadora de Renovación Nacional (RN) adelantó que impulsa un proyecto para eliminar la excepción que permite acceder a rebajas de condena por comportamiento sobresaliente a responsables de determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Núñez afirmó que: “Las leyes deben proteger a las personas más vulnerables. Detrás de estos delitos hay víctimas y familias que viven con sus consecuencias. Por eso estamos actuando en dos frentes: esclarecer cómo se otorgaron estos beneficios y corregir la normativa para cerrar la excepción que permite estas rebajas”.
Asimismo, informó que, como presidenta del Senado, ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para conocer cómo se adoptó esta decisión. “Necesitamos saber qué antecedentes se tuvieron a la vista, qué normas se aplicaron y cómo se verificó el cumplimiento de los requisitos”, indicó.
Junto con valorar las iniciativas anunciadas desde la Cámara de Diputados y Diputados —luego de que parlamentarios de RN presentaran una reforma constitucional para impedir la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales—, Núñez explicó que la propuesta impulsada en el Senado modifica la Ley N.º 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente.
Iniciativa de Núñez elimina por completo el beneficio
La senadora Núñez explicó que hoy la “normativa ya excluye a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores, pero mantiene una excepción cuando en la sentencia se aplica el artículo 73 del Código Penal, referido a una eximente incompleta”. Por tanto, el proyecto que impulsa la parlamentaria “elimina esa excepción: conserva los efectos de dicha circunstancia al fijar judicialmente la pena, pero impide que permita acceder posteriormente a una rebaja por comportamiento sobresaliente”.
“La ley estableció una prohibición, pero dejó una excepción que proponemos eliminar. Queremos que, para los delitos comprendidos en este proyecto, esa circunstancia no vuelva a habilitar una reducción de condena. La protección de los niños exige una respuesta firme y jurídicamente clara”, indicó la presidenta del Senado.
La iniciativa también fortalece las exigencias para conceder las reducciones reguladas por esta ley. Por lo pronto, las calificaciones deberán explicar los antecedentes que las sustentan y cómo se ponderaron los informes contradictorios relevantes. La decisión que otorgue el beneficio deberá permitir verificar el cumplimiento de los requisitos, las prohibiciones aplicables y el cálculo exacto de la rebaja.
En tanto, Núñez manifestó su disposición a promover una pronta tramitación y sostuvo que la ausencia de una urgencia del Ejecutivo no debe impedir que el Congreso avance. En esa línea, aseguró que “vamos a trabajar para que este proyecto tenga prioridad y se tramite con celeridad”. “Valoro los esfuerzos de otros parlamentarios y espero que construyamos un acuerdo transversal. La protección de la infancia y el respeto a las víctimas deben convocarnos a todos”, expresó.
La eliminación de la excepción se aplicará a delitos cometidos desde la publicación de la ley. Las nuevas exigencias de fundamentación regirán transcurridos sesenta días, respetando las reglas aplicables a hechos anteriores.
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