La excandidata presidencial Luisa González fue detenida este jueves por las autoridades ecuatorianas, según denunció inicialmente el expresidente Rafael Correa y confirmó posteriormente la propia política. Por su parte, la Fiscalía de Ecuador anunció detenciones en el marco de una investigación por financiación política y gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023.

“Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!. Ecuador vencerá”, indicó el exmandatario en un mensaje difundido en redes sociales, sin aportar más detalles sobre su situación.

Horas después, la líder de Revolución Ciudadana confirmó en un comunicado su detención, que enmarcó en lo que denunció como una “persecución política”, y advirtió de que ella era la víctima de esta campaña.

“Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente. Los presos políticos de la dictadura están siendo maltratados y torturados”, aseguró.

González agradeció la “infinita solidaridad” recibida, tachó de “absurdas” las acusaciones en su contra y prometió responder “con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad de Ecuador y un futuro mejor para el país”.

Además, hizo un llamado a la unidad de su formación política y de “todas las fuerzas progresistas” del país con el objetivo de “lograr la libertad y la democracia”. “Más temprano que tarde, el silencio explotará en cada rincón del territorio y lograremos la tan anhelada democracia”, agregó.

Según informó la Fiscalía ecuatoriana, las autoridades policiales ejecutaron órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí “contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales“, aunque eran siete los investigados en esta causa.

El organismo confirmó horas más tarde que una de ellas, Wendy Onofre, secretaria del Movimiento RETO —un partido de centroizquierda también conocido como Lista 33—, se había entregado “voluntariamente” a las autoridades en Guayas.

El Gobierno ecuatoriano, a través del primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, descartó por completo que la acción de la Fiscalía contra Luisa González tuviera como trasfondo la época electoral. “Aquí se ha malentendido el concepto de que aquél que está en política, está santificado. No se puede decir que cualquier investigación que se haga en un período electoral esté necesariamente relacionado. Somos cautos, es una investigación previa y estaremos atentos al caso”, dijo.

La institución investigaba “presuntas irregularidades en la financiación política y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”, en el conocido como caso Laberinto.

De acuerdo con informaciones del diario ecuatoriano Primicias, el caso se originó en una denuncia de Diana Atamaint, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), por una supuesta infracción electoral de González cuando disputó la Presidencia a Daniel Noboa, al no declarar documentalmente el origen de unos fondos de campaña de 2023. Sin embargo, las multas fueron saldadas y la causa fue archivada.

Pese a ello, el caso fue derivado el pasado 23 de junio a la Fiscalía por un presunto blanqueo de capitales, y en él figuraban como “sospechosos” otras cuatro personas vinculadas a la campaña presidencial de González.

Por su parte, la defensa y el partido de González, Revolución Ciudadana, denunciaron en un extenso comunicado que se trataba de una “detención arbitraria e inconstitucional” y de “una grave vulneración a las garantías básicas del debido proceso y a sus Derechos Humanos fundamentales“, dado que las autoridades no habían informado del “lugar exacto donde se encuentra retenida ni han permitido el acceso” de sus abogados.

“Hacemos directamente responsable al Gobierno y a las instituciones del orden por su integridad física, psicológica y su vida”, aseguraron en una nota en la que atribuyeron al Ejecutivo de Daniel Noboa la “instrumentalización aberrante” de la Justicia y, en particular, de las fuerzas que combatían el crimen organizado.

“Se ha montado de forma exprés una causa penal por presunto lavado de activos que busca disfrazar lo que en estricto Derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña por un monto mínimo de 6.100 dólares“, defendieron, al tiempo que denunciaron “un acto explícito de persecución de Estado (Lawfare) destinado a proscribir a la oposición”.

Ante lo que calificaron de “grave atropello democrático”, insistieron en que las autoridades ecuatorianas informaran “de inmediato” sobre la ubicación de González y permitieran a la dirigente contactar con sus abogados. Además, anunciaron que solicitarían medidas cautelares urgentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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