La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una dura declaración pública rechazando el proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente José Antonio Kast, iniciativa que busca modificar las competencias y la estructura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En el documento, la organización calificó la propuesta como “espuria”, argumentando que su objetivo es “dejar a chilenos y chilenas en total indefensión frente a eventuales abusos y violaciones a los derechos humanos“. El texto acusa que la reducción del organismo refleja “la impronta de un gobierno de ultraderecha, conservador y autoritario“.
El proyecto legislativo cuestionado propone recortar la integración del consejo directivo del INDH de 11 a 5 miembros, cerrar sus sedes regionales para concentrar la atención en Santiago y eliminar su facultad de interponer querellas.

Frente a estos recortes institucionales, la presidenta de la AFEP y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, Alicia Lira, advirtió que las modificaciones responden a una molestia del oficialismo. “Buscan en la forma no solamente modificarlo, cambiarlo, reformarlo, sino que eliminarlo, porque no pueden permitirse todavía (…) que el Instituto Nacional Derechos Humanos presentara querella por todos aquellos jóvenes, muchachas y muchachos, hombres, que fueron violentados en todos sus derechos en el estallido social“, afirmó.
Rebaja de penas
La declaración de la AFEP sumó críticas a otras determinaciones del actual Gobierno, acusando que la administración ha optado por “garantizar la impunidad y respaldar a agentes del Estado procesados o condenados (…) promoviendo indultos e incluso la reducción de penas y, por consiguiente, la liberación de 56 violadores y abusadores sexuales“, además de tres criminales de lesa humanidad.
Al respecto, Alicia Lira sostuvo que estas medidas conforman una estrategia. “Para nosotros como agrupación, la rebaja de pena a los criminales de lesa humanidad es una forma soterrada de avanzar con los indultos que ya han rumoreado, que han planteado y que la derecha sobre todo republicana y sectores de la UDI siguen planteando”, afirmó Lira.
En esa línea, Lira recordó el fallo que benefició a César Longo, condenado a 10 años en el caso de cinco detenidos desaparecidos en 1987. “Y hoy día este ministro le da rebaja de pena. Eso es y vuelvo a reiterar, hay que estar alerta, movilizarse, denunciar, escribir“, instó la presidenta de la AFEP.
Además de las medidas judiciales, la organización acusó un desmantelamiento de iniciativas clave para la verdad y justicia, citando el retiro del proyecto de ley del Plan Nacional de Búsqueda y el cierre de indagatorias sobre adopciones irregulares. Lira advirtió que los recortes presupuestarios en el Servicio Médico Legal y el Poder Judicial afectarán directamente las diligencias. “Ya no va a tener los recursos para doblegar en los peritos que se necesitan, los forenses que se necesitan y los viajes para cuando tengan que ir a lugares en distintas partes de Chile en este proceso de búsqueda”, concluyó.
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