Las repercusiones por la entrega de beneficios carcelarios a 56 sentenciados por delitos sexuales provocaron una fricción al interior de la coalición de Gobierno durante el fin de semana. La controversia se originó luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, emplazara públicamente al exministro de Justicia, Hernán Larraín. Tras calificar inicialmente los dichos como “injuriosos”, la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) confirmó la resolución del conflicto institucional y el restablecimiento de las relaciones en el bloque oficialista.
El presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, detalló las gestiones que permitieron destrabar la controversia con sus socios de coalición. “Afortunadamente logramos resolver esto en menos de 24 horas y bueno, fue un fin de semana difícil, pero el lunes vamos a volver al comité político ampliado a trabajar de manera coordinada”, indicó el legislador.
Ramírez precisó que el timonel republicano se contactó con los dirigentes gremialistas para rectificar sus declaraciones. “Las disculpas que el diputado Squella me hace a mí en privado, le hace a Hernán Larraín mismo también en privado y que hacen público también luego, dan cuenta del ánimo que nosotros tenemos (…) de trabajar en conjunto para poder sacar las cosas adelante”, señaló.
Sobre el cierre del episodio, el representante oficialista valoró la actitud del dirigente aliado. “El reconocimiento del error, a mí me parece que es loable y por lo mismo creo que este asunto ya está superado“, afirmó, advirtiendo de todas formas la necesidad de revisar las coordinaciones internas para evitar nuevas alteraciones que puedan “afectar al Presidente”.
Superado el impasse interno, el timonel de la UDI abordó la propuesta del Ejecutivo para modificar el sistema de rebajas de condena. Ramírez respaldó la gestión del ministro Fernando Rabat, indicando que el secretario de Estado “cuenta con toda la confianza y su apoyo” por parte de La Moneda.
Respecto al proyecto de ley gubernamental, el legislador detalló que la iniciativa busca reformular la toma de decisiones y retirar la participación del Poder Ejecutivo. El mecanismo “saca al Ministerio de Justicia del procedimiento, mantiene a Gendarmería, mantiene a los comités de rebajas de pena y retira al Ministerio de Justicia para darle espacio a tribunales, en este caso en particular, a los tribunales de garantía“, explicó.
Asimismo, indicó que el texto establecerá la prohibición absoluta de beneficios para agresores sexuales de menores. “Se va a prohibir entregar ningún tipo de beneficio de rebaja de pena a ninguna persona que haya agredido de cualquier manera a un menor en materia sexual (…) para los otros casos que no sean abuso sexual a menores y que si la ley permite rebaja de pena, se va a escuchar a las víctimas“, precisó el diputado.
Ofensiva legislativa de la oposición
En el Congreso, representantes de la centroizquierda anunciaron el inicio de la tramitación de proyectos propios para abordar la materia, cuestionando el rol de la actual administración gubernamental frente a los fallos judiciales.
El senador y presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic, afirmó que “los gobiernos anteriores que tenían carácter se opusieron a este criterio que hoy día lamentablemente el gobierno de Kast (…) terminó por una decisión administrativa dejando en libertad a la mayoría de estos 56 beneficiados“.
Sobre la iniciativa que discutirá su comisión, Mirosevic estableció que buscarán cerrar cualquier margen de interpretación. “Ningún gobierno va a poder entregar este tipo de beneficios porque el condenado no va a estar en condiciones de solicitar estos beneficios (…) vamos a ser más explícitos en la ley para que a ningún gobierno se lo apliquen”, sentenció.
Cuestionamientos por presupuesto de infancia
El debate por las condenas generó reacciones vinculadas a la tramitación de la Ley de Presupuesto 2027. La senadora Yasna Provoste contrastó las decisiones del Ministerio de Justicia con las reducciones de fondos establecidas por el Ejecutivo para programas enfocados en menores de edad.
“Entre marzo y septiembre de este año el gobierno firmó más de 56 decretos para rebajar las condenas de personas que violaron o abusaron sexualmente de niños (…) Uno de cada tres días de este gobierno estuvo dedicado a entregarle beneficios a los violadores”, expuso la parlamentaria.
Provoste detalló las áreas afectadas por los ajustes fiscales propuestos por La Moneda en la discusión presupuestaria. “Le recorta en un 59% los recursos al programa de adopción, reduce los recursos de las oficinas locales de la niñez (…) y deja sin acceso a computadores a más de 100.000 niños“, indicó.
En base a esos antecedentes, la senadora concluyó su intervención cuestionando las prioridades estatales. “Se rebajan las condenas a quienes abusan de niños y se recortan las ayudas a los niños. Eso no es proteger la infancia“, finalizó.
La entrada Gobierno y Congreso alistan proyectos para impedir rebajas de condenas a abusadores de NNA se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.
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