La polémica por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores ha instalado un escenario de tensión política y judicial. La revelación de los decretos administrativos, amparados en la Ley 19.856, desencadenó cuestionamientos transversales hacia el Ministerio de Justicia y abrió un debate sobre la interpretación de las normativas de reinserción, derivando en exigencias de rectificación y amenazas de acusaciones constitucionales por parte de la oposición.
Frente a esta controversia, en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, participó en el programa Estado Nacional, donde defendió su decisión argumentando que se apegó a la normativa vigente y a la jurisprudencia de los tribunales. “El estado de derecho supone cumplir con la Constitución y la ley, y para mí eso es básico (…) debo cumplir con la ley”, sostuvo el secretario de Estado.
La autoridad detalló que las determinaciones respondían a directrices previas del máximo tribunal. “En más de 250 oportunidades, la Corte Suprema le dijo a esos ministros de Justicia que habían privado de libertad a una persona ilegalmente”, señaló, en alusión al procedimiento adoptado por las administraciones de los expresidentes Piñera y Boric, donde se optó por rechazar administrativamente los beneficios y enfrentar las causas mediante recursos de amparo.
Consultado sobre el impacto ético de autorizar beneficios a condenados por este tipo de crímenes, Rabat reconoció el peso de la medida admitiendo que “es muy doloroso todo este proceso”. Pese a esto, enfatizó que la cartera solo realiza un análisis formal objetivo del proceso y carece de facultades legales para revisar el mérito de la determinación adoptada por las comisiones de libertad.

Para subsanar las falencias de la normativa, el titular de Justicia adelantó que presentará un proyecto de ley con discusión inmediata que busca reformular el mecanismo de postulación. “Vamos a modificar la ley para que se pondere también el mérito de esta decisión por el juez de garantía”, indicó.
Junto a la revisión en sede judicial, la propuesta apuntará a otorgar protagonismo procesal a los afectados. “Creemos importante oír a la víctima como interviniente en el proceso para que el juez o la comisión escuche cuáles son sus argumentaciones”, precisó el secretario de Estado, anunciando que sostendrá reuniones con parlamentarios de distintas bancadas para agilizar el trámite legislativo.
En medio del debate sobre si es posible retrotraer las 56 libertades ya concedidas, el ministro confirmó que el Ejecutivo está evaluando alternativas para revocar el acto administrativo. Aunque reconoció la existencia de una moción parlamentaria que busca anular las resoluciones mediante una reforma constitucional transitoria, admitió que internamente exploran vías desde el propio ministerio.
“Existe otra opción por la vía administrativa que nosotros estamos estudiando y ampliando que es revocar el acto administrativo respectivo. Estamos estudiando ambas situaciones”, aseguró la autoridad, a la espera de entregar una resolución final en el corto plazo.
Finalmente, frente a las presiones del mundo político y los llamados a dejar el gabinete, Rabat fue enfático en confirmar su permanencia. “No he pensado en renunciar (…) espero acompañar al Presidente de la República durante sus 4 años de mandato”, concluyó.
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