¿Podría una mayor cooperación entre países ayudar a reducir la cuenta de la luz? Aunque el cobro llega a cada hogar, parte de la respuesta a esa interrogante podría encontrarse más allá de nuestras fronteras. La electricidad que consume una familia depende de las centrales disponibles, los combustibles utilizados y las redes que permiten transportarla y distribuirla. Compartir mejor esa infraestructura, aprovechando el sol del norte de Chile, los vientos de la Patagonia o el agua almacenada en embalses como Itaipú -ubicado en la frontera entre Brasil y Paraguay- podría hacer menos costoso abastecer a la población latinoamericana, especialmente cuando las sequías reducen la capacidad de generación hidroeléctrica en cada país.
Esta premisa fue examinada por un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quienes modelaron la evolución de los sistemas eléctricos de 21 países de América Latina entre los años 2025 y 2050. El estudio, publicado en Nature Communications, estimó que una mayor integración de los sistemas eléctricos en la región permitiría ahorrar hasta US$32.000 millones anuales hacia 2045 y reducir hasta 225 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año, el principal gas de efecto invernadero generado por la actividad humana. Estos beneficios, correspondientes a un escenario ideal de plena integración, también serían importantes a la hora de enfrentar los déficits hidroeléctricos con más alternativas y favorecer una menor dependencia de combustibles fósiles.
Luis Miguel Ramírez, investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y primer autor del estudio, explica que la lógica detrás del modelo es que cuando un territorio dispone de energía que puede compartir, otro podría aprovecharla para enfrentar una menor generación o un aumento de la demanda. Agrega, asimismo, que convertir esos beneficios potenciales en un suministro confiable exige construir líneas de transmisión y acordar quién invierte, cómo se intercambia la electricidad y qué ocurre durante una emergencia. “Nuestra principal motivación fue entender por qué, a pesar de que los beneficios de la integración eléctrica se conocen desde hace décadas, América Latina todavía no ha conseguido avanzar hacia una cooperación energética más amplia”, señala.
Energías que se complementan
América Latina cuenta con una ventaja y una vulnerabilidad en su matriz eléctrica. De acuerdo al estudio, el 62% de su electricidad provino de fuentes renovables el año 2023, pero cerca del 45% de la generación total dependió de la hidroelectricidad, es decir, del agua. El problema asociado a esta configuración en el contexto del cambio climático es que cuando el recurso hídrico disminuye o escasea la matriz eléctrica renovable no basta para asegurar un abastecimiento estable. En esta línea, el equipo comparó tres caminos: una integración plena, con planificación e intercambios coordinados; una cooperación parcial entre bloques de países; y un escenario fragmentado, en el que predominan sistemas eléctricos nacionales autosuficientes. Este último, no obstante, conserva las interconexiones existentes, por lo que no supone un aislamiento total de los países.

El modelo, de esta forma, evalúa dónde y cuándo convendría invertir en centrales, almacenamiento y líneas internacionales para atender la demanda regional al menor costo. El trabajo también pondera distintos niveles de disponibilidad hidroeléctrica para examinar cómo el intercambio de electricidad podría compensar déficits de generación y aprovechar recursos renovables que no están disponibles con la misma intensidad en todos los territorios. “Nuestro objetivo fue cuantificar cuánto podría ahorrar la región, cuánto podría reducir sus emisiones de CO2 y cómo mejoraría su capacidad de enfrentar situaciones de escasez hídrica mediante una mayor integración. El mensaje central es que la integración eléctrica no es solamente una oportunidad económica, también puede convertirse en una herramienta fundamental para enfrentar el cambio climático y fortalecer la seguridad energética regional”, comenta Ramírez.
El investigador de la Universidad de Chile propone la cooperación por bloques como una vía gradual para la integración, que permita profundizar primero los intercambios en el Cono Sur y la región andina, aprovechar experiencias como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central y conectar esos espacios con infraestructura, mayor coordinación y reglas compatibles. Enfatiza, además, que actualmente existen interconexiones y acuerdos que podrían aprovecharse mejor. “Consideramos que el primer paso no necesariamente debería ser construir grandes líneas eléctricas, sino establecer acuerdos políticos y regulatorios que permitan a los países intercambiar energía de manera segura y transparente. En paralelo, sería necesario desarrollar una planificación regional de largo plazo que identifique dónde conviene construir nuevas líneas de transmisión, ampliar conexiones existentes e invertir en energías renovables y almacenamiento”.
Los beneficios de una red más integrada
El estudio proyecta que el mayor ahorro se observa bajo una condición especialmente exigente: baja disponibilidad hidroeléctrica simultánea en la región andina y el Cono Sur. Para 2045, el costo anual del sistema regional en ese escenario se aproxima a US$162.000 millones sin nuevas interconexiones, mientras que con integración ese valor disminuye a cerca de US$130.000 millones. La diferencia entre ambos escenarios, en consecuencia, alcanza unos US$32.000 millones al año, cifra que incluye los costos de inversión y operación considerados en el modelo. El beneficio, explica el investigador, proviene de coordinar las decisiones de inversión y operación para aprovechar mejor la generación y el almacenamiento disponible a nivel regional.
Los beneficios podrían ser relevantes incluso antes de 2045, afirma Luis Miguel Ramírez. “Las simulaciones muestran beneficios económicos significativos para el horizonte 2035, con ahorros regionales de aproximadamente US$9.700 a US$12.400 millones de dólares anuales, dependiendo del escenario hídrico”, afirma. Los máximos de ahorro, precisa, dependen de la coordinación entre países, la infraestructura de intercambio, la evolución de la demanda y los costos futuros de las tecnologías. Los plazos reales, en tanto, dependen de los acuerdos, los permisos ambientales, el financiamiento y la ejecución de las obras.
Pero también existen límites. Si una sequía muy extensa afecta simultáneamente a numerosos países, disminuye la cantidad de energía hidroeléctrica que puede compartirse. Además, las redes tienen capacidades limitadas y los sistemas deben conservar recursos suficientes para enfrentar emergencias. “Por eso, la integración debe entenderse como un complemento de la seguridad energética nacional, no como un reemplazo absoluto de ella”, advierte el investigador de la Universidad de Chile. “Los resultados demuestran beneficios bajo condiciones desfavorables de disponibilidad hidroeléctrica, pero no permiten asegurar que cualquier sequía extrema o prolongada pueda enfrentarse únicamente mediante importaciones. Para ello se requieren reservas, diversificación tecnológica, almacenamiento, protocolos de emergencia y una planificación coordinada”, añade.
Además de evitar que cada país resuelva sus déficits de manera independiente y a través de alternativas más costosas, compartir electricidad hídrica, solar, eólica y de otras fuentes permitiría reducir el uso de combustibles fósiles y la producción de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero generado por la actividad humana. Así, en el mismo escenario de plena integración, las emisiones evitadas podrían llegar a unos 225 millones de toneladas de CO2 anuales. En concreto, Luis Miguel Ramírez sostiene que los máximos de ahorro y emisiones evitadas aparecen cuando tanto la región andina como el Cono Sur presentan baja disponibilidad hidroeléctrica, una combinación en la que disponer de más alternativas de abastecimiento adquiere especial valor.

El costo de confiar y de no hacerlo
El estudio identificó como barreras para una mayor integración la desconfianza histórica, las diferencias regulatorias, los cambios de orientación de los gobiernos y los mecanismos regionales insuficientes para resolver controversias. Los antecedentes de interrupciones del suministro o de incumplimiento de acuerdos -como la crisis del gas entre Chile y Argentina ocurrida a mediados de la década del 2000- refuerzan las dudas de los países sobre cuánto conviene depender de sus vecinos. En esta línea, una parte central del trabajo consistió en poner cifras a las restricciones políticas bajo la denominación de “costo geopolítico”, que corresponde al gasto adicional que aparece cuando los países privilegian distintos niveles de autosuficiencia o limitan su dependencia de vecinos, en vez de aprovechar plenamente la coordinación regional.
Bajo los escenarios analizados, hacia el 2045, el sobrecosto asociado a la autosuficiencia se sitúa entre aproximadamente US$4.550 millones y US$7.910 millones anuales, según las condiciones hidroeléctricas. El análisis también distingue dos riesgos: las pérdidas por confiar y las pérdidas por no hacerlo. Las primeras reflejan la exposición de un país que reduce sus inversiones propias esperando un intercambio que luego no entrega los beneficios previstos. Las segundas representan las oportunidades que pierde al mantenerse al margen de una cooperación más profunda. En las simulaciones, Bolivia y Uruguay aparecen especialmente expuestos al primer riesgo, mientras que Brasil registra las mayores pérdidas absolutas por no integrarse.
Luis Miguel Ramírez comenta que el objetivo de presentar estos indicadores es visibilizar que los países necesitan incentivos y garantías diferentes, ya que quienes asuman mayores riesgos necesitarán garantías de suministro, mecanismos de compensación y reglas para resolver controversias. “La idea no es que los países pierdan el control de sus sistemas eléctricos, sino que construyan acuerdos que les permitan obtener beneficios colectivos sin comprometer su seguridad energética”, señala. Por ello, propone un pacto energético latinoamericano “que establezca las bases para una cooperación eléctrica de largo plazo. Este acuerdo no tendría que reemplazar los mecanismos existentes, sino armonizarlos y facilitar una integración progresiva entre países y bloques regionales”. La iniciativa, además, podría disponer de un fondo regional al que contribuyan instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de reducir los riesgos financieros.
La crisis climática, por otra parte, puede aumentar los incentivos para negociar. “Las sequías, los cambios en los patrones de precipitación y los eventos climáticos extremos ya representan riesgos concretos para el suministro eléctrico. En otras palabras, la crisis climática puede transformar una iniciativa que durante décadas se consideró conveniente en una necesidad estratégica para la región”, destaca el investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Aprovechar esta oportunidad, sin embargo, dependerá de la capacidad de los gobiernos para construir acuerdos estables y generar confianza entre los países.

De la integración de sistemas a la cuenta de la luz
Para Chile, específicamente, una mayor interconexión abriría oportunidades para aprovechar mejor sus recursos solares y eólicos, reducir el desaprovechamiento de generación renovable y diversificar el abastecimiento. En un escenario de mayor integración, el país podría exportar cuando disponga de electricidad suficiente e importar cuando la producción nacional sea insuficiente o resulte más conveniente recurrir a sus vecinos. No habría un horario fijo: los intercambios dependerían de la demanda, los recursos disponibles y las condiciones de operación.
Los vínculos con Argentina permitirían fortalecer la conexión con el Cono Sur, mientras que los intercambios con Perú y Bolivia ampliarían las posibilidades hacia la región andina. Pero ¿cuánto podría bajar, entonces, la cuenta de la luz? El estudio si bien no permite asignar una cifra o un porcentaje específico, reducir los costos del sistema abre una posibilidad cierta de abastecimiento más económico. En este sentido, Luis Miguel Ramírez plantea que trasladar ese beneficio a las cuentas dependerá concretamente de los contratos, la regulación tarifaria, el financiamiento de las nuevas obras y la forma en que se distribuirán los costos e ingresos. “Para que los consumidores reciban ese beneficio, es necesario que los menores costos de generación y suministro se reflejen efectivamente en los mecanismos de contratación, regulación y formación de las tarifas”, afirma.
El investigador de la Universidad de Chile concluye que la posibilidad de pagar menos existe, pero su magnitud todavía debe calcularse. “La integración tendrá mayores posibilidades de éxito si sus beneficios no se limitan a los resultados económicos del sistema eléctrico, sino que también se traducen en mejoras visibles para las personas y los territorios involucrados”, señala. Los acuerdos tendrán que definir cómo se financia la infraestructura y cómo se distribuyen las ganancias entre países, empresas y consumidores para que una reducción de costos regionales se refleje en la cuenta que llega a cada hogar.
La entrada Integración eléctrica de América Latina permitiría ahorrar hasta US$32.000 millones anuales hacia 2045 se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.




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