Dramática contaminación ambiental: Problema entre privados genera enorme nube de gas metano en San Felipe
Una enorme nube de gas metano, de más de un kilómetro de diámetro, se levanta en San Felipe desde el pasado 4 de febrero, cuando fueron destruidos 52 pozos de captación y extracción de este gas en la planta generadora de electricidad a base de biogás que está operando desde 2018 en el vertedero ‘La Hormiga’, ubicado en el sector norte de la ciudad.
La inmensa nube es detectada satelitalmente y se puede apreciar en el sitio web carbonmapper.org, «portal oficial de una organización sin fines de lucro dedicada a detectar y rastrear desde el espacio las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Su función principal es identificar y medir ‘superemisores’ de metano y dióxido de carbono (CO2) provenientes de instalaciones específicas (como vertederos, plataformas petroleras o minas)», de acuerdo a la IA de Google.
Cabe destacar que el metano es uno de los gases de efecto invernadero más peligroso que existe, hasta 80 veces más dañino que el CO2 a corto plazo.
Lo más insólito es que todo se origina por un problema comercial entre privados que fue escalando hasta terminar en la destrucción de los pozos, grave incidente en el cual dos funcionarios de Carabineros que llegaron al lugar del desastre, terminaron intoxicados, uno de ellos con trastornos mentales y del comportamiento, según certificado médico 2731762.
Así al menos lo sostiene Carlos Valledor Cavieres, propietario de la empresa Doña Javiera Valledor Generación que opera la central eléctrica, y gerente de PMGD Chile Generación, empresa propietaria de la central que desde 2018 estaba generando energía eléctrica limpia, lo que constituye una excelente contribución al cuidado del medioambiente, pues el biogás transforma un problema ambiental, como es la basura en descomposición, en electricidad verde y constante, evitando que los gases contaminantes dañen la atmósfera.
Según denunció Valledor, la emergencia ambiental fue causada intencionalmente por el propietario de la empresa GEA (a cargo del relleno sanitario y del vertedero donde se levanta la planta generadora) René Lizama Sepúlveda, quien con una retroexcavadora habría destruido los pozos de captación y transmisión del biogás, con lo cual hoy en día el metano está escapando a la atmósfera a gran velocidad.
Explica que mantiene un contrato con Lizama para la explotación del biogás, contrato por el cual ya hubo un enfrentamiento judicial con el mismo Lizama en 2022, el cual ganaron en primera y segunda instancia. Desde entonces siguieron trabajando, no sin otros ‘problemas de convivencia’ entre ambos empresarios, hasta que el 4 de febrero se desata la tragedia.
«Entonces hoy día en el Valle del Aconcagua, como lo van a poder ver por satélite, están emanando más de 240 kilos de metano por hora, por tanto son casi 6 toneladas de metano, y eso hay que multiplicarlo por 9, son 54 toneladas de CO2 al día. Esto es una aberración. Esto está penado por la ley chilena y por la ley internacional», explica Valledor.
PROYECTO PREMIADO
Agrega que este proyecto es emblemático para el Valle del Aconcagua, «porque fue premiado por el gobierno de Chile y por el gobierno de Canadá. Para que un proyecto sea premiado, tiene que ser innovador. Y lo que estábamos haciendo acá en el Valle del Aconcagua es carbono neutral cero; o sea, estábamos quemando el 100% del biogás para no generar calentamiento global. Eso generaba que los gases tóxicos del ambiente no fueran directamente a la comunidad. Y eso lo estuvimos haciendo sin ningún problema, no hemos tenido ningún problema de incendio, explosiones, como puede haber en este tipo de plantas, porque es biogás. El único problema fue el señor René Lizama el 4 de febrero, que de manera ‘nerónica’, por decirlo así, de querer quemar esto. Y sin avisar a las autoridades, porque uno cuando existe un cierre de relleno sanitario, tiene que avisar a las autoridades y ser autorizado para generar cualquier trabajo, porque aquí hay biogás, hay un gas explosivo, que ya en Santa Marta hubo un incendio y duró 3 años».
Más adelante agrega que el relleno sanitario, operado por Lizama, también está obligado a quemar biogás, pero no lo hace «porque tiene lamentablemente una impunidad, nosotros estamos viendo, del Servicio de Salud. No ha ido a fiscalizar con instrumentos. Uno cuando va a fiscalizar tiene que ir con un metanómetro. Ellos han ido con analizadores de gases que no detectan el metano, entonces es muy fácil decirle a la comunidad que no hay gases peligrosos. Esto se detecta con instrumentos especializados. Así como lo indica la norma; la norma le dice al señor Lizama que desde el 2009 él tiene la obligación de tener un metanómetro y diferentes elementos para medir el metano. No los tiene (…) Por tanto, es imperativo que la autoridad tome carta en el asunto».
– ¿Acá en este caso es la Autoridad Sanitaria la encargada de fiscalizar?
– Es el Servicio de Salud, la Autoridad Sanitaria, la Seremi de Salud. Y estamos viendo que tenemos que llegar a otras instancias porque no se está haciendo este trabajo. Volvemos a recordar, esto está desde el 4 de febrero y siempre han pedido pruebas, y la prueba más fehaciente es el satélite. Aquí nadie lo puede desconocer, y aún así la autoridad no ha hecho nada. O sea, hoy día pudimos ver nuevamente que el satélite pasó por encima y detectó una nube mayor, cuatro veces mayor de la que estaba el 5 de diciembre. Esa nube es más grande de la que está en Viña, Valparaíso con el relleno sanitario de La Pólvora. Por tanto, el relleno sanitario de La Hormiga es la empresa que más contamina en metano en el Valle de Aconcagua. Eso es un hecho, no lo digo yo, lo dice el satélite.
– ¿Por qué cree usted que la autoridad no está cumpliendo su función aquí, no está fiscalizando?
– Creemos que hay un desconocimiento total de la peligrosidad del biogás. Son tecnologías nuevas y creemos eso; o sea, de hecho la autoridad ni siquiera tiene detectores de metano. Ha ido simplemente con los bolsillos nomás. A mano pelada.
MILLONARIA INVESIÓN
Cabe destacar que, según Valledor, la inversión en la planta es de más de 7 mil millones de pesos, avaluando la destrucción de los pozos en unos 150 millones, además de los 27 millones diarios que ha dejado de percibir al no poder generar electricidad desde el pasado 4 de febrero.
Al finalizar, Valledor sostiene que «los problemas entre privados se resuelvan entre privados. Pero no puede ser que una persona afecte a toda una comunidad, no solamente a uno, sino a todo el Valle del Aconcagua. Usted puede ver muy bien la nube de contaminación. Y eso fue provocado por una persona. Entonces el daño es irreparable e irreversible. No tiene reverso. Tampoco se puede reparar. Entonces esto hay que detenerlo.
AUTORIDAD SANITARIA
Conversamos con el jefe de la Autoridad Sanitaria, Mario Méndez, quien reconoció que «efectivamente recibimos esa denuncia como Seremi de Salud, que la canalizamos a través de la unidad de saneamiento básico para hacer las fiscalizaciones oportunamente. Y en esa ocasión se constató que efectivamente el sistema de generación de energía eléctrica a partir de biogás había sido desarmado, ya no estaba funcionando como era lo comprometido, digamos en la fase de abandono, de acuerdo al proyecto que nosotros vigilamos en su fase de abandono para la generación de energía eléctrica y esto fue desmantelado, fue desarmado y efectivamente el biogás que se está generando hoy día está siendo dispersado al medio ambiente, digamos, a la atmósfera.
«Hay que considerar sí, que efectivamente esta situación era la situación original en el proceso de término de faenas en el año 2017 de este vertedero. Por tanto, se retorna a una situación original y que claro, porque no se nos avisa oportunamente de una medida relevante, y por otro lado también por esta dispersión de gases al medioambiente, nosotros levantamos acta y estamos cursando un sumario sanitario y está en proceso en este momento».
–¿Cuánto más menos debería demorar?
– Esperamos sea pronto, en algunas semanas más pueda salir ya la sentencia de este sumario, donde se van a establecer las sanciones, es decir, ya sea multa y/o la obligación de medidas para poder reparar el daño que ahí se observa. Eso estamos nosotros también acá como oficina provincial esperando los resultados, estamos apurando también al equipo jurídico para que pueda rápidamente establecer las sanciones que correspondan.
– ¿El hecho que haya sido intencional esta destrucción que está provocando esta fuga, no tiene repercusiones legales?
– (…) Son medidas primero de carácter administrativo, la sanción en un sumario es definición propia de la institución. Si se perciben elementos de delito, nosotros como sector público, claro, estamos obligados a realizar las denuncias.
– ¿Alguna estimación de multas máximas que podría aplicar?
– Puedo decir que legalmente nosotros cursamos multas desde una hasta mil UTM (hasta poco más de 71 millones de pesos).
EMPRESA GEA
Finalmente conversamos con el propietario de la empresa GEA, René Lizama, quien se excusó de referirse al tema hasta no ver nuestra publicación y el tenor de las denuncias planteadas.
Marco Antonio Juri Ceballos
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