Embajadora de Palestina en Chile ante desplazamiento forzado en Cisjordania: “Es limpieza étnica y hay que llamarla por su nombre”

Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte sobre la posible comisión del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso en tres campamentos de refugiados palestinos de Cisjordania. Más de 33 mil personas continúan desplazadas y las autoridades israelíes han impedido su retorno.

El documento detalla la destrucción de viviendas e infraestructura en Jenin, Nur Shams y Tulkarem, además de cortes de agua y electricidad y restricciones al ingreso de ayuda humanitaria. La ONU también alerta sobre el impacto de estas acciones en las posibilidades de regreso de la población y advierte sobre “una posible limpieza étnica”.

El informe fue dado a conocer en medio de nuevas advertencias internacionales sobre la expansión de los asentamientos y la fragmentación territorial de Cisjordania. En conversación con nuestro medio, la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, cuestionó que la discusión internacional se concentre en cómo calificar jurídicamente estos hechos mientras, en el terreno, continúa la destrucción y el desplazamiento de la población palestina.

—El informe de Naciones Unidas advierte que las acciones documentadas en Cisjordania podrían constituir delitos de limpieza étnica. ¿Qué elementos de lo que está ocurriendo consideran más graves desde el punto de vista del derecho internacional y qué responsabilidad debería recaer sobre quienes los están cometiendo?

Esa es la contradicción más dura de todo esto. Mientras el mundo discute cómo llamar jurídicamente lo que pasa, en el terreno nada cambia. O peor, todo empeora.

Jenin, Nur Shams y Tulkarem son campamentos de refugiados en Cisjordania que existen desde 1948, administrados por la UNRWA. Es gente que había sido desplazada una vez y hoy está siendo desplazada de nuevo. Las cifras del mismo informe lo muestran: en Jenin, más de la mitad de las viviendas están destruidas o dañadas. En Nur Shams, un 48%. En Tulkarem, un 36%. Usan excavadoras blindadas y explosiones controladas para dejar los campamentos inhabitables.

No es daño colateral, es demolición para que no quede a dónde volver. Y, mientras tanto, cortan el agua, cortan la luz y frenan la ayuda humanitaria. Hoy hay más de 33.000 personas refugiadas en esos tres campamentos que siguen desplazadas, según la UNRWA. Entonces, sí, hay declaraciones, hay resoluciones, hay informes, pero mientras eso avanza en las oficinas de Ginebra o Nueva York, la destrucción en el terreno sigue y cada día que pasa hace más difícil que esa gente pueda volver a su casa.

—El informe no solo documenta expulsiones, sino también la destrucción de las condiciones que permitirían el regreso de la población. ¿Qué está cambiando en el terreno mientras la comunidad internacional discute cómo calificar jurídicamente estos hechos?

Lo primero que hay que dejar claro es que este informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no habla de una operación de seguridad. Habla del desplazamiento forzado de comunidades enteras en Cisjordania, como en Jenin, Nur Shams y Tulkarem, bajo la ocupación israelí, en el marco de la operación Muro de Hierro. Y lo dice sin rodeos el propio Alto Comisionado, Volker Türk. Todo indica que el objetivo era expulsar al mayor número posible de palestinos. Pero lo más grave es que esto no fue un hecho aislado. Fue planificado. Hubo una orden del ministro de Defensa de la ocupación para que la gente desplazada no pudiera volver. Eso ya no es un operativo militar, es una intención declarada de borrar comunidades. El propio informe habla de traslado forzoso como un crimen de lesa humanidad. Y seamos claros: esto no es una posibilidad ni un riesgo. Es limpieza étnica y hay que llamarla por su nombre.

Por eso, la responsabilidad tiene que ser judicial: investigaciones independientes y rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional. Y también recae en los demás Estados que, según la Corte Internacional de Justicia, tienen la obligación de no ayudar a sostener esta situación ilegal. Por eso, valoro tanto lo que anunció esta semana el canciller británico Ed Miliband.

El Reino Unido va a prohibir la importación de productos de los asentamientos y a sancionar a colonos extremistas. Y no está solo: 12 países, como Francia, España, Canadá, Portugal, Irlanda y otros, sacaron una declaración conjunta reconociendo que esos asentamientos son ilegales y comprometiéndose a restringir el comercio con ellos. Son los primeros gestos concretos, más allá de las palabras, que reconocen que Palestina tiene derechos que hay que proteger.

—Más allá de las cifras y de las denuncias internacionales, ¿Cómo es hoy la vida cotidiana de las personas palestinas que permanecen en esas zonas? ¿Qué significa vivir bajo estas condiciones de desplazamiento, restricciones, destrucción de sus comunidades y asesinatos?

La verdad es que las cifras nunca alcanzan a explicar lo que se vive día a día. Este mismo informe de la ONU recoge, por ejemplo, el caso de una mujer embarazada de ocho meses a la que mataron en un puesto de control porque, según la propia investigación israelí, citándolos, ella miraba sospechosamente al suelo.

Pero es mucho más que las muertes. Es vivir con colonos armados que entran a tu pueblo, muchas veces con respaldo o sin oposición de las fuerzas de ocupación. Y queman autos, incendian cultivos, matan el ganado y, a veces, expulsan a familias completas de su propia tierra. Solo este año, la ONU, a través de su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, ha documentado más de 1.140 ataques de colonos con víctimas o daños materiales.

Es vivir separado por carreteras que tú no puedes usar porque son exclusivas para colonos. Es cruzar puestos de control militares todos los días para ir al trabajo, a la escuela, al hospital, sin saber si hoy te van a dejar pasar o si llegarás a recibir atención. Eso es apartheid. Dos sistemas de movilidad, dos tipos de calles, dos niveles de derechos, el mismo territorio.

Y a eso se suma la destrucción de comunidades enteras como Jenin, Nur Shams y Tulkarem, donde miles ya no tienen casa a la que volver. Vivir así es vivir con miedo constante, con la vida cotidiana interrumpida todo el tiempo. Pero, aun así, nuestro pueblo se queda, resiste y sigue ahí. Es un derecho, porque es un derecho.

—Si este proceso continúa, ¿Qué cree que quedará de la Cisjordania que hoy conocemos dentro de cinco o diez años? ¿Y qué implicaría eso para el Estado palestino?

Si esto sigue así, lo que hoy conocemos como Cisjordania se va a volver un archipiélago de comunidades aisladas, rodeadas de asentamientos y carreteras que no les pertenecen. Y no es una exageración mía.

Doce cancillerías europeas lo dijeron clarísimo en su declaración del 8 de septiembre: las acciones de Israel en Cisjordania están destruyendo la posibilidad de una solución de dos Estados. Mencionan específicamente el plan de asentamiento E1, que busca cortar Cisjordania en dos y aislar Jerusalén Este. Y, como parte de los esfuerzos para avanzar en el plan de asentamiento E1, la denominada carretera del tejido de la vida se presenta como un controvertido proyecto de vía de circunvalación segregada en Cisjordania ocupada, diseñado para desviar el tráfico palestino de la zona E1, cercana a Jerusalén.

Aunque Israel presenta el proyecto como una medida destinada a mejorar la movilidad palestina, en la práctica tendría el efecto contrario. Los palestinos serían desviados hacia rutas de circunvalación designadas, mientras que los colonos israelíes utilizarían la red vial de superficie existente. En la práctica, el proyecto establecería dos sistemas de movilidad separados dentro de un mismo territorio, profundizando aún más la separación y la fragmentación de Cisjordania ocupada.

Y lo más grave: Israel pretende financiar el proyecto con los ingresos fiscales palestinos que retiene ilegalmente. Eso no es infraestructura, es la arquitectura de la anexión. A eso hay que sumarle que siguen declarando tierra palestina como tierra estatal, para después entregarla a nuevos asentamientos.

Eso no es una política aislada, sino, por el contrario, es una política sistematizada para hacer físicamente imposible que exista un Estado palestino continuo. En cinco o diez años, si esto no se detiene, la pregunta ya no va a ser qué tipo de Estado palestino es posible, sino si va a quedar territorio suficiente para que exista uno.

Por eso valoro lo que anunció el Reino Unido: prohibir la importación de productos de los asentamientos y sancionar a colonos extremistas. Y valoro el llamado de estos doce países a que toda Europa haga lo mismo. Esas dos medidas son el tipo de acción concreta que hace falta, no solo declaraciones. Y tienen que multiplicarse, porque lo que está en juego no es solo la viabilidad del Estado palestino. Y, si el derecho internacional todavía significa algo, o si una vez más dejamos que la fuerza se imponga sobre la ley.

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