La alcaldesa de Papudo y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudia Adasme, valoró el retiro desde Contraloría del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y la apertura de un nuevo espacio de diálogo entre el Ejecutivo y los municipios. La decisión se produjo luego de los cuestionamientos generados por una disposición que vinculaba determinadas obligaciones municipales con una eventual causal de cesación del cargo de los alcaldes.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Adasme sostuvo que las críticas de los alcaldes no se limitaban al artículo 8 del reglamento, sino que también apuntaban a otras exigencias contenidas en el documento.

“Esta molestia era una transversal por parte de los alcaldes, dado que no solamente era por el articulado que aplica este tema de la destitución de los alcaldes, sino también por otros artículos que tiene el reglamento, donde hay unas exigencias que, en algunos casos, como en temas de vestimenta, realmente exigen mucho más que lo que exigen las policías”, afirmó.

La jefa comunal cuestionó además la forma en que los municipios conocieron el contenido del reglamento, señalando que varios de sus elementos no habían sido discutidos previamente con las asociaciones municipales.

“Para nosotros fue bien difícil enterarnos por la prensa de lo que estaba pasando”, sostuvo. En esa línea, Adasme calificó como “desafortunada” la situación y planteó que existió un cambio respecto de lo que se había trabajado previamente con el Gobierno.

“Nosotros, como Asociación Chilena de Municipalidades, habíamos estado con nuestros profesionales que trabajan en el área de Seguridad Pública (…) sentados varias veces en la mesa trabajando en lo que iba a ser este reglamento. Entonces, cuando aparecen elementos como estos, que hoy están en discusión y que no habían estado sobre la mesa, lógicamente existe una molestia”, señaló.

La alcaldesa agregó que, a su juicio, el texto incorporó disposiciones que no habían sido acordadas durante ese trabajo conjunto. “Yo creo que más que no querer reconocerlo, aquí hubo un error de agregar elementos que no estuvieron sobre la mesa, más allá del tema de la destitución de los alcaldes”, afirmó.



Adasme destacó, de todas formas, la disposición del Ejecutivo para retomar el diálogo y revisar el contenido del reglamento. “El habernos sentado a la mesa ayer con el subsecretario es una oportunidad para poder trabajar en los otros reglamentos también y mejorar el que se había presentado”, sostuvo.

Uno de los principales puntos planteados por la vicepresidenta de la AChM fue la necesidad de considerar las diferencias económicas y territoriales entre los municipios al momento de implementar la nueva normativa.

“No es lo mismo la municipalidad de, no sé, de El Carmen, que la Municipalidad de Valparaíso. Difieren mucho en realidad, en cantidad de vecinos, en cuanto a los recursos económicos. Hay un montón de diferencias, por lo cual creo que tiene que ser atingente a la realidad”, explicó.

A esto sumó reparos a disposiciones relacionadas con el uso de táser, las vestimentas y las atribuciones de los funcionarios municipales. Según Adasme, estas exigencias podrían generar dificultades para comunas con menor disponibilidad de recursos.

“Esta Ley de Seguridad Municipal es, como siempre lo decimos: se generan las leyes, se crean, pero muy rara vez vienen asociadas con recursos y es una nueva responsabilidad para todos los municipios, para todos los alcaldes de Chile”, afirmó.

La alcaldesa también advirtió sobre las consecuencias que podrían enfrentar los municipios que no cuenten con recursos suficientes para cumplir con las nuevas obligaciones. “Estamos jugando en una línea muy delgada, donde también nos pueden acusar por abandono de deberes por no implementar una ley como lo exige la normativa y que finalmente nos exponen por no contar con los recursos suficientes para poder implementarla”, sostuvo.

Desde su experiencia en Papudo, Adasme ejemplificó las dificultades que implica administrar una comuna cuya población aumenta considerablemente durante la temporada estival. “Mi cantidad de habitantes son 8 mil y en el verano paso a 60 mil personas. Es brutal el cambio”, explicó.

Finalmente, la alcaldesa llamó al Congreso a agilizar la denominada ley corta que busca abordar aspectos pendientes de la Ley de Seguridad Municipal. “Cada uno de los alcaldes tiene un compromiso de hablar, ya sea con sus partidos políticos, con los diputados y senadores de su zona, para que esta ley corta se le pueda dar la urgencia que requiere para poder nosotros ya implementar la ley como corresponde”, afirmó.

Para Adasme, el debate debe considerar las distintas realidades comunales. “Todos los alcaldes administramos realidades y todas estas realidades son muy distintas en cada una de las comunas de Chile”, concluyó.

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