El abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, planteó en conversación con la Primera Edición de Radioanálisis que la controversia por la remoción de jueces, investigados por usar licencias médicas para viajar al extranjero, debe traducirse en una reforma legal de fondo, y no resolverse solo a través de los fallos que vaya emitiendo el Tribunal Constitucional (TC) caso a caso.
La discusión se reactivó luego que el TC resolviera el requerimiento presentado por el juez Jorge Saavedra, quien impugnó el artículo 41 del Auto Acordado del Acta 108 (la norma que sustenta las remociones de jueces). El tribunal falló a favor de la facultad de la Corte Suprema, una decisión que, según Riego, podría generar un efecto dominó respecto de otros casos. “probablemente si ya se resolvió así en un caso es probable que se resuelva así el resto de los casos también”, recalcó
Respecto de la discusión de fondo, el académico descartó los principales argumentos de inconstitucionalidad esgrimidos por la Asociación de Magistrados, en esa línea, sostuvo sobre la eventual falta de una ley que regule el procedimiento, que “hay varios otros casos en que la Corte Suprema cuenta con facultades otorgadas por la Constitución y en las que no hay legislación que regule los procedimientos”.
En tanto, respecto del riesgo de que la medida amenace la independencia judicial, fue categórico y señaló que “en este caso ese riesgo no existe porque se está sancionando a los jueces por problemas de probidad, por problemas de haber hecho fraude con licencia médica.”
El abogado Cristián Riego se enfocó también en lo que, a su juicio, debe venir después de este episodio. “Aquí tiene que haber una ley que regule varias cosas: primero, tiene que haber una ley que cree un tribunal de disciplina de los jueces, que no sea un tribunal del propio Poder Judicial”, planteó, apuntando a lo que describe como un “espíritu de autoprotección” al interior de la Asociación de Magistrados.
A ese tribunal disciplinario independiente, que podría incluir o no a jueces en su composición, debería sumarse un procedimiento claro para que opere, “tendría que haber un procedimiento para que este tribunal pudiese operar”, y sobre todo un catálogo de conductas explícito que hoy no existe, “tendría que haber un catálogo de conductas”, señaló, porque actualmente “tenemos una especie de oscuridad respecto de esto” y en ese sentido, puso como ejemplo que el tráfico de influencias es ampliamente repudiado por la ciudadanía, pero no está tipificado como delito.
El académico fue crítico del proyecto de ley sobre nombramientos judiciales que impulsó el gobierno anterior y que la actual administración ha continuado tramitando: “ese proyecto es muy insuficiente”, dijo, señalando que el nuevo órgano disciplinario que contempla la iniciativa aborda “muy poco” del problema, y que el marco regulatorio debería extenderse también a fiscales y notarios.
Para Riego, la magnitud de la crisis de confianza en el Poder Judicial, agravada por casos como el de Luis Hermosilla, exige algo más que un proyecto de ley tramitado por el Ministerio de Justicia. “Se requeriría una movilización política más intensa”, afirmó, proponiendo la conformación de una comisión de alto nivel, con participación ciudadana y estudios de fondo, que derive en una reforma de doble carácter: constitucional y legal.
El académico cerró con un cuestionamiento directo a la clase política, al afirmar que “el sistema político no ha tomado el peso a la gravedad de la crisis” que enfrenta hoy la justicia chilena.
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