“Millones de personas no despertaron una mañana de octubre de 2019 simplemente con ganas de salir a las calles con ollas, cucharas y carteles. Fueron años de desigualdades, abusos, violencia, pensiones miserables“. Esa es la reflexión de Amnistía Internacional Chile a siete años del estallido social, un contexto de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y cuya interpretación todavía es motivo de análisis y división para la clase política.
En una nueva conmemoración de las movilizaciones, y con el objetivo de reivindicar demandas sociales en materia de salud, educación y pensiones, así como exigencias relacionadas con el fin de la corrupción institucional, diversas organizaciones de la sociedad civil, estudiantiles y de trabajadores convocaron manifestaciones tanto en el sector de Plaza Baquedano como en la intersección de la Alameda con el Paseo Ahumada.
Entre batucadas, intervenciones culturales y un gran contingente policial a cargo de la unidad de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, manifestantes se movilizaron por las calles de Santiago pese a que la Delegación Presidencial Metropolitana no autorizó ninguna de las convocatorias de este domingo.
Lecciones a 7 años
Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, apuntó a la necesidad de mantener el orden público y confirmó un despliegue preventivo de Carabineros. Así, en conversación con en el programa “Estado Nacional” de TVN, advirtió que “la respuesta va a ser con intensidad dentro del marco legal” ante eventuales daños a la propiedad.
Además, el secretario de Estado cuestionó a los sectores que respaldaron las manifestaciones de 2019. “La sociedad entendió que era mala idea validar la violencia, porque trae consecuencias posteriores de una inestabilidad en nuestro país”, afirmó Arrau.
Una postura similar entregó la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, quien indicó que los actores institucionales deben “rechazar la violencia como método de acción política. Validarla, creo que termina dañando las instituciones, dañando nuestra democracia”.
Desde la oposición, el exvicepresidente de la Convención Constitucional y diputado, Jaime Bassa, cuestionó la lectura del oficialismo respecto a las protestas sociales de hace siete años. “El intento del oficialismo por hacerle creer a todo el mundo que aquí hubo solo violencia (…) es claramente un esfuerzo para evitar que los sectores subalternos de la sociedad volvamos a expresarnos“, sostuvo en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.
Bassa agregó que el legado del proceso recae en que “hay un aprendizaje importante de que hay procesos de politización de la discusión pública, donde el pueblo puede recuperar el protagonismo”.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, enfatizó en la vigencia de las demandas estructurales de la población. “Si no se atienden esas razones, no hay magia que haga que la gente pueda contener su impotencia, contener su rabia“, planteó el timonel, quien también indicó que la actual administración es “un gobierno que se desentiende de las mayorías” y que cada vez que puede muestra sus intereses “desde el punto de vista de la clase que representa y defiende”.
Presión por indultos a uniformados
La fecha conmemorativa reactivó las exigencias de un sector del oficialismo para otorgar beneficios carcelarios a funcionarios policiales y militares condenados por violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.
Durante la entrega de una ofrenda floral al monumento a los Mártires de Carabineros, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emplazó directamente al Presidente José Antonio Kast a respaldar la iniciativa legislativa que busca indultar a los funcionarios involucrados en delitos cometidos en las protestas de 2019.
“Señor Presidente, hay un proyecto de ley de indulto general que está esperando su respaldo y patrocinio en el Senado. Respalde, patrocine”, solicitó el excandidato presidencial.
Kaiser argumentó que los uniformados sentenciados “han tenido que defenderse con sus propios medios” y acusó que en el mundo político “con suerte, hemos encontrado un par de declaraciones medias tibiecitas de respaldo a las instituciones”.
Desde la vereda contraria, el diputado Bassa rechazó categóricamente la posibilidad de otorgar este tipo de salidas procesales a agentes del Estado condenados. “Me parece que es efectivamente impresentable. Yo creo que no hay ninguna posibilidad cierta de invocar ningún contexto para justificar las violaciones a los derechos humanos“, sentenció.
Esta visión fue reforzada por Amnistía Internacional, organismo que alertó sobre la agenda que busca la liberación de los sentenciados.
“Incluso cuando las condenas fueron ínfimas, hay un sector político que clama por impunidad total y defiende que torturar, mutilar y asesinar es parte de un servicio a la patria“, concluyó Bassa.
Cabe señalar que, según cifras del Ministerio Público, de las 11 mil 506 denuncias por violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social, 575 obtuvo términos judiciales (un 5%). De esos 575 casos, solo 219 terminaron con sentencias condenatorias (1,9 %). Y de esos 219 casos condenados a cárcel, son apenas 14 condenados quienes están cumpliendo su condena de prisión efectiva en la cárcel.
De acuerdo con Amnistía Internacional esos 14, el 0,1% de los crímenes, son “los que hoy se pretende indultar, es decir, lo que se busca es impunidad total incluso para los crímenes más aberrantes: torturas, asesinatos, abuso sexual, golpizas brutales y todo tipo de abuso de la fuerza”.
La entrada A siete años del 18-O: movilizaciones, lecturas enfrentadas y presión por indultar a uniformados condenados se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.
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