Con un llamado a defender la Ley 20.249 y a fortalecer los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, ECMPO, la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y la Identidad Territorial Lafkenche realizaron el seminario “Ley Lafkenche Historia aprendizajes y perspectivas para una gobernanza costera”. La jornada reunió a representantes de comunidades lafkenche, dirigencias de la pesca artesanal, autoridades locales, estudiantes, y académicas y académicos para revisar la trayectoria de la norma, sus dificultades de implementación y su aporte a la gestión compartida del borde costero.
El encuentro se desarrolló en el Auditorio VM20 de la Facultad de Gobierno y recibió a una delegación de la Identidad Territorial Lafkenche, proveniente de distintos territorios del sur de Chile. Sus integrantes compartieron la historia de la organización comunitaria que condujo a la aprobación de la ley, las amenazas que identifican en las propuestas de modificación y las experiencias de administración que hoy se construyen en los ECMPO.
Héctor Witte Mañado, integrante del ECMPO Mañihueico-Huinay y uno de los dirigentes que participó en la creación de la Ley 20.249, situó la visita a la Universidad como parte de esa defensa. “Esta norma jurídica fue creada únicamente porque sabemos que, en el futuro, nuestras generaciones deben conocer lo que nosotros también conocimos en nuestra infancia y en nuestra madurez”, afirmó. También destacó que el seminario constituía “un gran paso para defender nuestra ley y abrir una conversación informada sobre su origen y su implementación”.
Una ley construida desde los territorios
La Ley 20.249, promulgada en 2008, creó los ECMPO y estableció una figura jurídica para reconocer los usos consuetudinarios de los pueblos indígenas en el borde costero. Durante el seminario, las y los participantes recordaron que la norma fue impulsada por las comunidades lafkenche tras años de reuniones, movilizaciones y negociaciones con el Estado, como respuesta a la exclusión de los pueblos originarios de la regulación pesquera y acuícola.
Pérsida Cheuquenao, dirigenta de la Identidad Territorial Lafkenche y participante de ese proceso, reconstruyó el trabajo territorial y legislativo que precedió a la ley. Señaló que la propuesta fue socializada con comunidades, sindicatos de pescadores y organizaciones indígenas y no indígenas, y advirtió que el debate actual sobre su modificación ha dejado fuera a las organizaciones que la elaboraron. Por su parte, Bladimir Painecura repasó los principales hitos de esta construcción colectiva, desde la articulación territorial iniciada frente a la exclusión de los pueblos originarios de la regulación pesquera, hasta las asambleas comunitarias, el trabajo de los equipos técnicos y la negociación con el Ejecutivo y el Congreso, que permitieron la aprobación de la Ley 20.249. El diálogo fue moderado por el académico e historiador Fernando Pairicán, quien destacó que la Ley Lafkenche es una normativa construida desde los territorios y situó su defensa como parte de una discusión más amplia sobre la democracia, la participación y el reconocimiento de los derechos indígenas.
Ante las propuestas de reforma, Cheuquenao sostuvo: “La vamos a defender. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos si esto se modifica?“. Su intervención vinculó la defensa de la norma con la continuidad de los conocimientos, prácticas y relaciones espirituales que las comunidades mantienen con el mar.
Las exposiciones también abordaron los mitos instalados en torno a la Ley Lafkenche, entre ellos la idea de que los ECMPO cierran el acceso al mar o impiden otras actividades. Las experiencias presentadas mostraron, en cambio, procesos de acuerdo entre comunidades, la pesca artesanal, los municipios, el turismo y las actividades productivas preexistentes. La discusión puso el foco en las demoras administrativas, las asimetrías de poder y las dificultades de coordinación estatal que afectan la tramitación de las solicitudes.
Los ECMPO como espacios de gobernanza costera
La jornada presentó los casos de Mañihueico-Huinay, en Hualaihué, y de Manqueche, en el territorio de Tirúa. Ambas experiencias mostraron que la administración de un ECMPO comienza antes de su aprobación formal, cuando las comunidades convocan a otros usuarios del borde costero, establecen acuerdos y definen mecanismos de gobernanza.
Yohana Coñuecar Llancapani explicó que Mañihueico-Huinay comprende 83.830 hectáreas y que su proceso tomó cerca de quince años. La experiencia incorporó acuerdos con la pesca artesanal, la mitilicultura, el turismo, la industria acuícola y el municipio. Segundo Yevilao, por su parte, expuso el trabajo de Manqueche y la conformación de una mesa de gobernanza con comisiones dedicadas a la economía, la educación, el medio ambiente y la articulación política.
Estas experiencias permiten observar a los ECMPO como instrumentos de coordinación territorial y no como zonas de exclusión. Los planes de administración reconocen a los distintos usuarios y buscan compatibilizar las actividades económicas con la protección de los recursos, los usos tradicionales y la continuidad cultural de las comunidades. Claudio Barudy Labrín, alcalde de Quellón, resume este espíritu al señalar: “Yo creo que es una cuestión de sentido común tratar de proteger los espacios costeros. Del mar salimos todos, así de simple”. En la misma línea, Luis Alejandro Adué Vargas, dirigente de la pesca artesanal, destacó que la construcción de acuerdos debe comenzar en los propios territorios: “Los acuerdos se tienen que tomar en las comunas. Es importante reunirse con las comunidades y las autoridades y llegar a acuerdos”. Su intervención destacó la importancia del diálogo directo entre comunidades, pescadores artesanales y autoridades locales para evitar conflictos y tomar decisiones compartidas.
Adolfo Millabur, dirigente de la Identidad Territorial Lafkenche y uno de los impulsores de la ley, resumió ese principio durante el panel de conversación. “Esta ley no excluye a nadie: incluye a todos“, señaló. Explicó que su espíritu es generar vínculo territorial, asegurar colectivamente la conservación de los recursos y fortalecer el arraigo. Millabur agregó que una implementación adecuada fortalece la capacidad de decisión de los territorios. “Esta ley les da el poder a las comunidades locales, a los territorios, a los actores locales”, afirmó. Desde esa perspectiva, los ECMPO ofrecen un marco para resolver conflictos de convivencia, proteger los ecosistemas costeros y construir acuerdos entre actores que comparten un mismo maritorio.
Investigación y responsabilidad pública
El seminario fue organizado en el marco del Proyecto FONDECYT Regular N° 1240078, Gobernanza con los pueblos indígenas en Chile: Dimensiones clave para avanzar hacia una convivencia intercultural, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y dirigido por Verónica Figueroa Huencho, en su calidad de investigadora responsable.
El proyecto estudia las relaciones de gobernanza entre el Estado y los pueblos indígenas y busca identificar las condiciones que permitan avanzar hacia el reconocimiento, la participación efectiva y la convivencia intercultural. El seminario contribuyó a ese propósito al reunir conocimiento académico y territorial, al abrir un espacio de intercambio con estudiantes y actores públicos, y al generar un registro para la difusión de los aprendizajes y debates surgidos durante la jornada.
Verónica Figueroa Huencho, académica de la Facultad de Gobierno e investigadora responsable del proyecto, destacó que la Universidad debe asumir un papel activo frente a los problemas públicos que afectan a grupos históricamente excluidos. “La universidad tiene una responsabilidad, que debe expresarse tanto en la investigación como en la apertura de los espacios universitarios a voces y conocimientos que han tenido menos posibilidades de incidir en la discusión pública”.
En el panel final, Figueroa Huencho vinculó esa responsabilidad con la crisis ecológica y el debate sobre el futuro de los ECMPO. “No hay una neutralidad. Para mí, como académica mapuche, por supuesto que la defensa de los espacios costeros marinos, de la posibilidad de contribuir a su consolidación en un contexto de crisis ecológica, es clave”, afirmó. Añadió que escuchar, aprender y permitir que el conocimiento territorial transforme la formación universitaria son tareas centrales para la academia.
El seminario también contó con la participación de la Cátedra UNESCO en Políticas Públicas y fue moderado en su último panel por la profesora Paulina Vergara Saavedra. La conversación incluyó a representantes de la pesca artesanal y de municipios costeros, quienes abordaron las posibilidades de acuerdo local, el papel de las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero y la necesidad de contar con procedimientos más claros y oportunos.
Defender la ley mediante el diálogo
La visita de la Identidad Territorial Lafkenche permitió que la comunidad universitaria conociera de primera mano la historia de la Ley 20.249 y experiencias concretas de su implementación. También mostró que la defensa de la norma no se limita a conservar su texto, sino que exige mejorar las capacidades públicas para tramitar los ECMPO, cumplir los plazos, producir evidencia y sostener espacios de decisión en los que participen efectivamente las comunidades y los demás actores del borde costero.
En el cierre, Pérsida Cheuquenao reafirmó la disposición de la organización a continuar esa conversación. “Como mujer mapuche lafkenche, madre y abuela, siempre estaremos dispuestos al diálogo“, expresó, junto con agradecer a la Universidad de Chile por acoger el encuentro.
La jornada concluyó con un compromiso compartido de seguir generando investigación, formación y debate público sobre la gobernanza costera. Para el Proyecto FONDECYT Regular N° 1240078, el seminario constituye una acción de difusión y divulgación científica que conecta los resultados y preguntas de la investigación con las experiencias de las comunidades, las instituciones públicas y la sociedad.
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