El Senado despachó a ley el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa. La legislación otorga mayores facultades a los organismos públicos competentes, buscar mejorar la ejecución de los procesos y robustecer el registro de datos biométricos de extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular.

Este martes, la Sala de la Cámara Alta ratificó con 37 votos a favor y 1 abstención, el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias sobre esta iniciativa.

La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la comisión mixta, destacó que la instancia incluyó recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.

Durante el debate, los legisladores resaltaron que la instancia alcanzó una serie de acuerdos, como el aumentar de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.

También, se valoró que se podrá solicitar información para notificar los procedimientos de expulsión y se recordó que la medida excluye a niños, niñas y adolescentes, y a establecimientos educacionales y de salud.

Asimismo, se destacó que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.

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