Representantes de distintos sitios de memoria y organizaciones de derechos humanos se reunieron este jueves en Londres 38 con Andrea Pochak, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Memoria, Verdad y Justicia, para presentar sus antecedentes sobre la situación de los derechos humanos en Chile. En el encuentro participaron, entre otras agrupaciones, Londres 38, la Casa Memoria José Domingo Cañas y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).
La directora ejecutiva de la Casa Memoria José Domingo Cañas, Marta Cisterna, detalló que Chile carece de una política pública que garantice la preservación, el mantenimiento y la sostenibilidad de los sitios de memoria. Estos espacios constituyen la evidencia material de los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura, pero no cuentan con una ley que los proteja ni que establezca garantías para su funcionamiento.
En el caso de José Domingo Cañas, detalló que el sitio lleva 16 años abierto, después de una lucha de 15 años para recuperar el inmueble. Sin embargo, durante 2026 se cortaron los recursos destinados a su funcionamiento operativo y el proyecto de Presupuestos para 2027 no contempla un aumento de los aportes a las instituciones colaboradoras.
“Nos están asfixiando para que los sitios podamos morir de muerte natural”, afirmó Cisterna. Según explicó, los recursos disponibles permiten cubrir principalmente gastos básicos, como agua y electricidad, pero no aseguran el financiamiento de equipos de trabajo para mantener los archivos, desarrollar investigaciones, realizar actividades educativas y monitorear la situación de los derechos humanos.
La dirigenta agregó que los fondos concursables para sitios de memoria han sufrido una restricción cercana al 60% y que se eliminó una glosa destinada a financiar mejoras de infraestructura. De aprobarse el presupuesto en esos términos, advirtió, José Domingo Cañas no tendría posibilidades de acceder a otros recursos en 2027. La situación, enfatizó, también afecta a otros sitios de memoria del país, especialmente aquellos que dependen de fondos concursables.
La presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Mariela Santana, cuestionó la reforma impulsada por el Ejecutivo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que elimina su facultad de presentar querellas criminales y la reemplaza por la posibilidad de denunciar hechos ante las instituciones competentes.
“Constituye el más grave retroceso en materia de derechos humanos en el último tiempo”, sostuvo Santana, quien advirtió que la iniciativa podría contribuir a instalar condiciones de impunidad frente a eventuales nuevas vulneraciones de derechos.
La dirigenta relacionó la reforma con otros cambios y recortes presupuestarios, entre ellos los que afectan las diligencias de búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda y el financiamiento de los sitios de memoria. También mencionó iniciativas legislativas de carácter represivo y el aumento de las atribuciones policiales como parte de un escenario que calificó de preocupante.
Sobre las rebajas de condenas a responsables de crímenes de lesa humanidad, Santana señaló que estas decisiones podrían contravenir las obligaciones internacionales suscritas por Chile y generar responsabilidad internacional para el Estado.
Gloria Elgueta, integrante de Londres 38, explicó que la organización convocó el encuentro ante la gravedad del escenario que enfrentan las agrupaciones de derechos humanos. A su juicio, las medidas impulsadas por el Gobierno reflejan un retroceso autoritario y buscan debilitar los contrapesos institucionales.
Elgueta sostuvo que el INDH cumple una función fundamental para contrarrestar los abusos y excesos del Estado, tanto en el ámbito policial como en el uso de la represión. También cuestionó lo que describió como una contradicción entre la concesión de beneficios a condenados por violaciones de derechos humanos y las iniciativas que buscan ampliar el castigo penal para conductas que actualmente no constituyen delitos.
La integrante de Londres 38 advirtió que Chile se está alejando de los estándares internacionales de derechos humanos y destacó la importancia de presentar los antecedentes de las organizaciones ante instancias internacionales.
La CIDH explica las vías de acción del sistema interamericano
Durante su intervención, Andrea Pochak recordó que el derecho internacional establece obligaciones para los Estados frente a graves violaciones de derechos humanos. “El deber del Estado de investigar lo que pasó, de esclarecer los hechos, de llevar adelante procesos de justicia, reparar a las víctimas, es un deber indelegable, inamnistiable, imprescindible”, afirmó. “No es reemplazable ese deber por la lucha de la sociedad civil. Es un deber estatal”.
Al abordar la situación de las políticas de memoria y búsqueda de personas desaparecidas, sostuvo: “Ante el debilitamiento de las políticas de memoria, o ante el desmantelamiento del Programa Nacional de Búsqueda, o ante la falta de institucionalización del Programa Nacional de Búsqueda, ante el desmantelamiento de los programas de reparación, tiene que haber un Poder Judicial que actúe, y tiene que haber una sociedad que exija que el poder judicial actúe”.
“Mi primera sugerencia siempre es exigir al Poder Judicial que actúe, a los poderes judiciales que actúen”, agregó. Explicó que, cuando las autoridades nacionales no responden, las organizaciones pueden recurrir al sistema interamericano de derechos humanos.
La relatora también se refirió a la situación de las protestas sociales en la región. “Hay una política deliberada para reprimir la protesta, para generar miedo en las calles y para impedir esa articulación y esa movilización social”, advirtió.
Sobre las herramientas de la CIDH, explicó que la Comisión puede incorporar los antecedentes recibidos en sus labores de monitoreo, elaborar informes y pronunciamientos, convocar audiencias y solicitar información a los Estados. También puede tramitar casos y peticiones que eventualmente lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de activar medidas cautelares en situaciones graves que pongan en riesgo la vida o la integridad física de personas defensoras de derechos humanos.
En relación con Chile, Pochak señaló que la Comisión sigue con preocupación los cambios normativos en discusión y que ha solicitado información al Estado sobre asuntos específicos, entre ellos la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“Ustedes tienen que reclamar a la Comisión Interamericana acción cada vez que necesitan o cada vez que quieran que la Comisión Interamericana pueda hacer algo”, planteó. Al cierre, reiteró la disposición del organismo a escuchar a las organizaciones y contribuir a visibilizar su trabajo.
La reunión se realizó después de que, en agosto, la CIDH celebrara una audiencia pública sobre las preocupaciones por posibles retrocesos en Chile en materia de memoria, verdad y justicia. Tras esa instancia, la Comisión solicitó al Gobierno antecedentes sobre el Programa Nacional de Búsqueda, los cambios institucionales y los ajustes presupuestarios.
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