El Ministerio de Justicia concedió rebajas de condena a tres personas sentenciadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Dos de ellas cumplen condena en Punta Peuco por secuestro calificado y torturas, mientras que el tercer caso corresponde a César Luis Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), recluido en Colina I. Las medidas generaron críticas de abogados y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre sus efectos en la búsqueda de justicia para las víctimas.
Acuña Luengo fue condenado por la Corte Suprema, el 21 de marzo de 2017, a 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola. Los cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron detenidos y desaparecidos septiembre de 1987.
El decreto que redujo su condena en 19 meses fue firmado el 20 de mayo de 2026 por el subsecretario de Justicia, Pablo Mira Hurtado, en calidad de ministro subrogante. La decisión se produjo un día después de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara al Ministerio pronunciarse sobre la solicitud del condenado, sin exigir que se concediera el beneficio. La resolución invocó fallos de la Corte Suprema de 2014 para sostener que Acuña cumplía los requisitos legales.
Francisco Bustos, abogado del Estudio Caucoto, que representa a los familiares de las cinco víctimas, calificó la rebaja como una medida de impunidad y cuestionó que se haya concedido pese a los estándares internacionales aplicables a condenados por crímenes de lesa humanidad. “Él está condenado como coautor de cinco secuestros calificados, es decir, de cinco desapariciones forzadas, a una pena que no es la mayor que se podía imponer, que son 10 años y un día, y aun así se aplica una rebaja. Entonces, esto es una medida de impunidad y hay que decirlo con todas sus letras”, afirmó.
El abogado explicó que el derecho internacional establece requisitos más estrictos para otorgar beneficios a condenados por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, vinculados al reconocimiento del daño causado y a la colaboración con el esclarecimiento de los hechos. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó estos criterios al revisar el indulto al exmandatario peruano Alberto Fujimori en 2018.
Bustos también refutó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien sostuvo que los beneficios se basan en interpretaciones consolidadas de los tribunales. Como ejemplo, mencionó a Patricio Leonidas González Cortés y Heraldo Veloso Gallegos, condenados por los mismos hechos que Acuña Luengo, a quienes el entonces ministro Jaime Gajardo les rechazó la solicitud de rebaja por las exigencias de la normativa internacional. Posteriormente, sus recursos de amparo también fueron rechazados por tribunales de apelaciones y por la Corte Suprema.
“Sobre esta misma materia, los tribunales tienen una mirada totalmente contrapuesta a la del ministro”, agregó.
Bustos añadió que el Estudio Caucoto se ha opuesto a otros beneficios concedidos a condenados por esta causa, incluidos los casos de Rodrigo Pérez Martínez y Hugo Prado Contreras, que recibieron una reducción de condena u otro beneficio en 2020.
“Cada vez que nosotros tomamos conocimiento de algún represor que está buscando impunidad por secretaría, por esas vías administrativas o por vía judicial, nosotros siempre nos hacemos parte en representación de las víctimas, y hacemos valer esto. En el fondo nos oponemos a los mismos, en la medida, obviamente, que no cumplan los requisitos, que es casi siempre”, declaró.
Paulina Zamorano, integrante de la Red de Observadores de Justicia y Memoria, cuestionó las reducciones y sus efectos sobre la proporcionalidad de las penas y las obligaciones internacionales de Chile. “Es una clara señal de impunidad, vuelven las condenas irrisorias; algunos de ellos han entrado a cumplir desde hace muy poco tiempo. Afecta también el principio de proporcionalidad y también vulnera los estándares internacionales a los cuales está obligado el Estado de Chile”, manifestó.
Zamorano agregó que al evaluar estos beneficios deben considerarse las víctimas, sus familiares y la sociedad, así como la colaboración de los condenados y la entrega de información sobre el paradero de las personas desaparecidas. “Cuestiones que claramente no se han producido en el presente caso”, afirmó.
La representante de la red también mencionó los indultos, las salidas anticipadas y las dificultades que enfrentan abogados del Programa de Derechos Humanos para intervenir durante el cumplimiento de las condenas. “Son salidas por secretaría y claramente comprometen al Estado de Chile en sus obligaciones internacionales en la materia”, sostuvo.
Por su parte, Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, emplazó al ministro de Justicia: “El ministro tiene que dar explicaciones respecto de si esos condenados habían mostrado arrepentimiento, si habían colaborado o no con la justicia y si se habían escuchado las víctimas”.
Bustos Bottai llamó al Ejecutivo a definir su posición frente a los condenados por estos crímenes y a quienes sufrieron sus consecuencias. “El Gobierno del Presidente Kast tendrá que, en definitiva, escoger si seguirá al lado de los perpetradores de estos crímenes o bien si de una vez por todas estará al lado de las víctimas”.
La entrada “Medida de impunidad”: abogados y organizaciones condenan rebaja de penas a criminales de lesa humanidad se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.
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