“¿Cómo no va a ser problema tener una persona que no tiene ningún delito, encerrada seis meses?”. Con esa pregunta, la exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó la reforma constitucional que buscaba ampliar hasta 180 días el período de detención de personas extranjeras con órdenes de expulsión.
Tohá abordó el proyecto durante el seminario “Migración y Política”, realizado en la Universidad Diego Portales, un día después de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara la iniciativa por 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones. La reforma requería 89 votos para avanzar y buscaba reemplazar el actual máximo de cinco días por un período de entre cinco y 60 días, prorrogable hasta completar 180.
La exministra puso el foco en las personas que quedarían bajo esa medida sin haber sido condenadas ni acusadas de un delito. Además, planteó las dificultades que implicaría mantenerlas privadas de libertad durante ese período, ya que no podrían ser enviadas a cárceles comunes y sería necesario habilitar otros recintos.
“En Estados Unidos lo hacen y se les mueren migrantes todo el tiempo. En Europa es verdad, hay cosas similares, pero son súper problemáticas”, planteó Tohá, quien también criticó que el problema fuera considerado “banal” por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Para la exsecretaria de Estado, la discusión también alcanza a familias y niños que podrían quedar sometidos a períodos prolongados de detención.
El debate se produjo en un seminario marcado por los resultados de la Encuesta Migración y Democracia UDP 2026, elaborada por Democracia UDP y Feedback. El estudio muestra que un 56% considera que la migración permite cubrir necesidades de trabajadores, mientras un 42% estima que favorece la creación de nuevos negocios y un 40% que contribuye al desarrollo económico. Al mismo tiempo, un 84% percibe una mayor demanda sobre los servicios públicos y un 67% considera que la migración ha dificultado la convivencia.
Tohá también cuestionó la forma en que la política ha abordado el fenómeno migratorio. A su juicio, el aumento de los flujos migratorios desbordó las capacidades institucionales y generó una percepción de falta de control, pero advirtió que esa tensión terminó siendo utilizada en la disputa política.
Sobre las diferencias entre el gobierno anterior y la actual administración, la exministra marcó distancia con la propuesta de extender la detención. Recordó que durante el gobierno de Gabriel Boric también se impulsaron medidas para reforzar el control migratorio, como el despliegue militar en la frontera, los acuerdos de reconducción con Bolivia y el perfeccionamiento de los procesos de expulsión.
“Siempre teniendo mucho cuidado de que esto no puedes hacerlo de tal manera que terminas teniendo un impacto humanitario sobre poblaciones muy vulnerables que ven en la migración su posibilidad de desarrollar su vida”, planteó. Según la exministra, la ampliación del período de detención se aparta de ese criterio.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó el proyecto desde otra perspectiva. La parlamentaria planteó que la oposición debe buscar modificaciones a la iniciativa en el Senado y no descartó ampliar el período de detención, aunque cuestionó los 180 días contemplados en la propuesta.
“Para decir que no nos parecen estos 180 días, tenemos que lograr menos, pero no rechazando de plano”, señaló Núñez. La senadora agregó que la discusión debe continuar en el Senado para intentar modificar tanto el plazo como el contenido del proyecto.
Núñez recordó que en 2017, cuando era diputada por Antofagasta, ya había advertido sobre las dificultades que enfrentaban los servicios públicos ante el aumento de la población migrante. En esa oportunidad, explicó, centros de salud que estaban presupuestados para atender a 100 personas recibían a 130, mientras establecimientos educacionales de Mejillones y Tocopilla enfrentaban falta de cupos.
“Si alguien cree que va a poder parar la migración está muy equivocado, lo que hay que hacer es ordenarla, regularla”, planteó la senadora, quien también defendió la necesidad de aprovechar las capacidades profesionales de quienes llegan al país y abordar la migración desde una perspectiva territorial.
La encuesta utilizada en el seminario registra, además, que un 38% considera prioritario perseguir el crimen organizado y el tráfico de migrantes, mientras un 34% pone el foco en fortalecer el control fronterizo. Solo un 26% estima que el Estado cuenta actualmente con suficiente capacidad para gestionar la migración.
La entrada Tohá cuestiona detención de 180 días para migrantes: “¿Cómo no va a ser problema tener a alguien sin delito encerrado seis meses?” se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.
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