Avanza caso de adulto mayor fallecido tras caer a zanja en San Esteban: Causa ya fue formalizada
- Según la parte querellante, la falta de medidas de seguridad sería clave en el accidente que terminó con la vida de la víctima.-
Nuevos antecedentes se conocieron en torno al caso del fallecimiento de un adulto mayor de 89 años de edad, que cayó a una zanja en medio de trabajos de alcantarillado en la comuna de San Esteban, hecho que conmocionó a la comunidad local el año 2024.
En conversación con Diario El Trabajo, el abogado querellante en representación de la familia, Eduardo Hernán Fischer Villouta, confirmó que la causa ya presenta avances concretos en el ámbito judicial. «La formalización de la investigación se realizó el día 30 de diciembre de 2025, ante el Juzgado de Garantía de Los Andes», señaló.
En esa línea, explicó que el proceso continuará mediante un procedimiento abreviado. «El juicio abreviado es un procedimiento especial en el cual el imputado acepta los hechos de la investigación y se evita la realización de un juicio oral completo. A cambio, se obtiene una sentencia más rápida, generalmente con una pena menor a la que podría imponerse en un juicio oral», detalló.
Respecto a los responsables, precisó que no se trata directamente de la empresa como persona jurídica, sino de quienes estaban a cargo de la obra. «Los imputados son personas naturales: el representante legal de la empresa, Matías Schmidt González, y la administradora de la obra, Andrea Natalie Fernández Martínez, ambos en calidad de imputados por cuasidelito de homicidio», indicó Fischer, en referencia a la empresa Bemat.
Consultado por la eventual responsabilidad del municipio, el abogado sostuvo que, por ahora, el foco está en la empresa ejecutora. «En esta etapa de la investigación, la responsabilidad penal se ha dirigido principalmente contra quienes tenían el control directo de la obra y la obligación inmediata de implementar medidas de seguridad, es decir, la empresa ejecutora. Esto no excluye otras posibles responsabilidades», afirmó.
En ese sentido, agregó que la situación de la municipalidad no está completamente descartada. «No se ha descartado completamente. De hecho, en la querella se plantean antecedentes que podrían comprometer la responsabilidad del municipio por eventuales incumplimientos de sus deberes de fiscalización y control, lo que podría ser materia de futuras diligencias o acciones», puntualizó.
Sobre las eventuales sanciones, el abogado explicó que «el delito imputado es un cuasidelito de homicidio, el cual contempla penas que pueden ir desde presidio menor en su grado mínimo a medio, dependiendo de las circunstancias del caso, además de eventuales penas accesorias». Asimismo, añadió que el representante legal «arriesga penas privativas de libertad dentro del rango señalado, además de posibles inhabilitaciones y multas. En el contexto de un procedimiento abreviado, la pena podría ser sustitutiva, dependiendo de lo que determine el tribunal».
En cuanto a la situación de la familia, Fischer indicó que «la familia se encuentra participando activamente como querellante en el proceso penal, buscando el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades por la muerte de la víctima». Junto con ello, confirmó que «se están evaluando acciones civiles paralelas, particularmente una demanda de indemnización de perjuicios contra los responsables, tanto por el daño moral como por los perjuicios derivados del fallecimiento», estableció.
Finalmente, el abogado fue enfático en los antecedentes que, a su juicio, configuran responsabilidad en el caso. «Principalmente, la inexistencia de medidas de seguridad adecuadas en la obra, como señalización, cierre perimetral o resguardo del lugar, lo que permitió que la víctima cayera a una zanja de gran profundidad. Estos hechos están respaldados por fotografías, parte policial y demás antecedentes incorporados en la investigación», sostuvo.
A lo anterior, agregó que «fallaron aspectos básicos y exigibles en cualquier obra de esta naturaleza: no existía señalización suficiente, no había barreras físicas ni cierres perimetrales adecuados, y el lugar quedó expuesto al tránsito peatonal sin resguardo, lo que generó un riesgo evidente para cualquier persona que circulara por el sector».
La causa continúa su curso en el sistema judicial, a la espera de lo que determine el tribunal en las próximas etapas del proceso.
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