Cerca de mil pobladores agrupados en 10 comités del Movimiento Solidario Vida Digna realizarán una concentración frente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para exigir la reposición de 20 mil 500 subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y un aumento de los recursos destinados a vivienda social en el Presupuesto 2027.

La movilización se enmarca en una declaración suscrita por 50 organizaciones de lucha por la vivienda, las que se declararon “en estado de alerta” ante el rumbo que, a su juicio, ha tomado la política habitacional. En el documento cuestionan la reducción del gasto destinado a soluciones para familias sin acceso al crédito y plantean una serie de demandas dirigidas a los ministerios de Vivienda y Hacienda.

La principal exigencia apunta a “reponer los 20 mil 500 subsidios recortados a la vivienda social (DS49) que habían sido aprobados por el Congreso, y así seleccionar todos los proyectos postulados a los SERVIU a nivel nacional y avanzar al inicio de obras”. Las agrupaciones advierten que mantener el recorte prolongará los tiempos de espera de familias cuyos proyectos ya cumplieron los requisitos para desarrollarse.

Junto con la reposición de esos recursos, las organizaciones buscan instalar la discusión sobre el financiamiento de la política habitacional en el próximo erario fiscal. En concreto, demandan que el Presupuesto 2027 contemple al menos 50 mil subsidios DS49, cifra que, según explican, permitiría recuperar el nivel de financiamiento previo a los recortes aplicados al Presupuesto 2026.

Las agrupaciones califican este programa como una de las principales vías de acceso a la vivienda para hogares de menores ingresos que no cuentan con capacidad para obtener financiamiento bancario. Por ello, exigen “aprobar un Presupuesto 2027 con al menos 50 mil subsidios DS49”, lo que describen como un retorno al “umbral de financiamiento previo a los recortes realizados al Presupuesto 2026”.

El petitorio también aborda la situación de los campamentos y los procesos de desalojo. Las organizaciones solicitan que no se ejecuten desalojos sin una solución habitacional para las familias afectadas y argumentan que los asentamientos constituyen una consecuencia de las dificultades de acceso a la vivienda. “Exigimos que las órdenes prontas a ejecutarse incluyan solución a las familias, de lo contrario solo se criminaliza la pobreza y se traslada el problema de un lugar a otro”, sostienen.

Otro de los puntos cuestionados corresponde a eventuales modificaciones al DS49. Los movimientos solicitan al Minvu desistir de cambios que, según afirman, excluirían del subsidio a familias ubicadas entre el 70% y el 90% del Registro Social de Hogares. A juicio de las organizaciones, esa modificación dejaría sin una alternativa de acceso a la vivienda a hogares que tampoco cuentan con posibilidades de recurrir al crédito hipotecario.



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