La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), junto al Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación PRODEMU, presentaron un informe complementario ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas. La acción busca advertir sobre la vulnerabilidad que enfrentan las trabajadoras agrícolas tras el término del programa Mujeres Rurales, iniciativa enmarcada en el histórico convenio INDAP-PRODEMU.

Durante un punto de prensa realizado en el Círculo de Periodistas de Santiago, la presidenta de Anamuri, Isabel Armijo Huala, explicó que la decisión de acudir a instancias internacionales se concretó luego de agotar todas las vías de diálogo a nivel nacional. “Hemos tenido reuniones con el ministro de Agricultura, hemos estado presentes en las comisiones del Senado y en conversaciones con la subsecretaria del Ministerio de la Mujer”, detalló la dirigenta, enfatizando que las mujeres rurales e indígenas no deben seguir “perdiendo derechos que han conquistado durante ya 34 años que lleva esta política pública”.

La presentación ante el organismo internacional apela a las obligaciones normativas suscritas por Chile en 1989. Desde las organizaciones recordaron que, durante la evaluación realizada al país en 2024, el comité de la CEDAW valoró ciertos avances, pero instruyó explícitamente —en sus párrafos 41 y 42— sobre la necesidad de desarrollar políticas en apoyo a las mujeres rurales, campesinas e indígenas. En este contexto, las agrupaciones acusan que la eliminación del programa constituye un incumplimiento directo de las recomendaciones emitidas por la convención.

El reclamo del mundo campesino logró aglutinar un transversal apoyo institucional y político. La exigencia de revertir el cierre del programa recibió la adhesión formal de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, del presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Colodro, la exministra Antonia Orellana y de las senadoras Yasna Provoste, Claudia Pascual, Alejandra Sepúlveda y Beatriz Sánchez.

Asimismo, el documento presentado ante Naciones Unidas fue respaldado por una red de entidades sociales, entre las que destacan el Observatorio de Género, los sindicatos del Ministerio de la Mujer y de SernamEG, la Coordinadora 8M, el Centro de Estudios de la Mujer y Corporación Humanas.

Frente a la postura gubernamental, Anamuri y las trabajadoras de PRODEMU, articuladas en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo,  anunciaron que mantendrán el estado de movilización. Las dirigentas advirtieron que este escenario no solo representa un retroceso interno para el Estado chileno, sino que se inscribe en una ofensiva internacional contra los avances logrados por la igualdad de género, reafirmando que no están disponibles para ceder en los derechos ya conquistados.

La entrada Fin del programa Mujeres Rurales: Organizaciones campesinas y sindicales denuncian al Estado ante la CEDAW se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.