Este viernes 16 de octubre se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.849, que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y, en determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas. La normativa fue aprobada por el Congreso el jueves 8 de octubre, pero al día siguiente senadores de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunas de sus disposiciones.
Los parlamentarios cuestionan normas relacionadas con el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal. A juicio de los legisladores, algunas disposiciones permitirían utilizar armas de fuego sin que necesariamente exista un peligro grave o inminente para la vida del funcionario o de terceros. Reparos que ya habían sido planteados durante la discusión legislativa.
La controversia también se centra en el plazo para presentar el requerimiento. El Presidente José Antonio Kast promulgó la ley el mismo viernes en que los senadores acudieron al TC. Por ello, el Ejecutivo solicitó declarar inadmisible la presentación, al considerar que fue ingresada después de la promulgación.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que las actuaciones ante los tribunales deben ajustarse a la normativa vigente. “La actuación frente a este tribunal y frente a todos los tribunales de la república, tiene que hacerse conforme a la ley y la Constitución es muy clara”, declaró.
En tanto, los abogados de los senadores de oposición pidieron rechazar la objeción del Ejecutivo. Argumentan que el Diario de Sesiones del Congreso, documento necesario para fundamentar el requerimiento, fue entregado el 9 de octubre a las 18:00 horas y que esa demora les impidió presentar la acción antes de que el decreto promulgatorio ingresara a la Contraloría General de la República. La contralora Dorothy Pérez tomó razón del decreto el martes 13 de octubre.
El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó la actuación del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo continuó con la promulgación pese a conocer la intención de recurrir al TC. “En materia de RUF, ingresamos al requerimiento, fue notificado el gobierno y aun así, sabiendo que tenía un control de constitucionalidad pendiente, mandaron a promulgar la ley de RUF”, declaró.
Castro recalcó que la resolución sobre la admisibilidad sigue pendiente y llamó a “no cantar victoria” antes de conocerla. También advirtió sobre los efectos de la normativa en los derechos de las personas.
La diputada del Frente Amplio Lorena Fries, quien participó en la comisión mixta que revisó el proyecto, también pidió esperar la decisión del tribunal. Aunque su partido respaldó varias disposiciones, mantiene reparos sobre el uso de armas potencialmente letales y letales. “Comparto las palabras del senador Castro, en el sentido de esperar a que resuelva el TC sobre la admisibilidad de este requerimiento constitucional”, expresó.
Fries agregó: “Por el bien de los propios carabineros y también de los ciudadanos y las ciudadanas, el Gobierno no debiera ver como una amenaza el TC sino que como una forma de hacer que efectivamente las leyes se rijan por la Constitución”.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, criticó que los parlamentarios recurrieran al TC y destacó el respaldo legislativo que obtuvo la iniciativa: 111 votos a favor en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado, tras cerca de tres años de tramitación.
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