La presidenta del Senado, Paulina Núñez, presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea. La iniciativa propone un cambio sustancial en el tratamiento de esta actividad que buscar impedir la expansión del mercado ilegal, proteger a las familias y cerrar los espacios digitales que puedan ser aprovechados por el crimen organizado.

La propuesta establece penas que pueden alcanzar los 15 años de presidio en determinados casos agravados, multas de hasta 10.000 UTM y responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas. Además, incorpora como circunstancia agravante la utilización de identidades falsas o estructuras societarias ficticias para ocultar a los dueños del negocio.

Uno de los elementos centrales de la indicación es la creación de un procedimiento judicial que permitirá ordenar el bloqueo permanente de sitios web, aplicaciones y canales utilizados para las apuestas ilícitas. La medida incluye mecanismos dinámicos para extender estas restricciones a nuevas plataformas creadas exclusivamente para eludir las prohibiciones iniciales.

Asimismo, la normativa contempla restricciones sobre determinados servicios de pago y sanciones penales para quienes financien o promocionen comercialmente estas plataformas con conocimiento de su origen ilícito.

“El Estado debe actuar sobre toda la estructura del negocio, no solamente sobre su fachada digital”, afirmó la parlamentaria, quien enfatizó la necesidad de cortar el flujo de dinero que sostiene a estas redes.

La indicación también aborda directamente la protección de grupos vulnerables, prohibiendo la participación de menores de edad mediante mecanismos de verificación de identidad y estableciendo medidas preventivas contra la ludopatía, como límites voluntarios de apuestas y procesos de autoexclusión.

En este contexto, la senadora cuestionó duramente que el debate legislativo se haya concentrado en la eventual recaudación tributaria que generaría la legalización de nuevas casas de apuestas.

“El Estado no puede transformarse en socio tributario de un problema que tiene el deber de prevenir”, argumentó Núñez, y enfatizó que la seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier interés económico o fiscal.

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