Este viernes, la Comisión de Libertad Condicional de Talca decidió entregar el beneficio al excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien fue condenado a 12 años de cárcel por el ataque en contra de la senadora Fabiola Campillai.

A través de un comunicado público, la parlamentaria calificó el hecho como “un acto de impunidad” y aseguró que envía un mensaje “grave” a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando “el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado”.

Campillai afirmó que “no se quedará de brazos cruzados” y que planea recurrir “a todas las instancias judiciales correspondientes”, incluso a organismos internacionales si es necesario.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Campillai en las horas previas a que se tomará la decisión de otorgar la libertad condicional a Maturana, en una entrevista en la que precisamente entregó los motivos por los cuales el excarabinero debería cumplir su pena en la cárcel.

Fabiola Campillai.
La senadora independiente, Fabiola Campillai. Foto: Aton.

Lograr la condena “fue una lucha muy difícil”

A fines de 2019, Fabiola Campillai trabajaba como operaria en la planta de San Bernardo de la empresa Carozzi. El día 26 de noviembre se encontraba junto a su hermana esperando la micro para ir al trabajo, mientras un grupo de carabineros vigilaba a unos manifestantes.

Sin advertencia y contrariando los protocolos de la institución, el carabinero Patricio Maturana lanzó una bomba lacrimógena que impactó contra el rostro de Campillai. Como resultado, sufrió un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas faciales y un estallido ocular bilateral. Perdió la visión, el olfato y el gusto.

A casi siete años de los hechos, la actual senadora señaló que lograr la condena en contra de Maturana “fue una lucha muy difícil”, que costó “en todos los sentidos” y que aún cuando salió la sentencia no estuvo del todo conforme.

“Estos últimos meses han sido especialmente duros, porque se han arrastrado una serie de beneficios a favor de mi agresor. Se le ha permitido la salida dominical, se le ha permitido salir de la cárcel para trabajar de lunes a viernes y a eso se le suma la presión política para indultarlo”, dijo.

Montaje de imágenes de la senadora Fabiola Campillai y el excapitán de Carabineros, Patricio Maturan.
Senadora Fabiola Campillai y el excapitán de Carabineros, Patricio Maturan. Foto: Aton.

La senadora indicó que hoy insiste para que Maturana se mantenga encarcelado, no por un sentimiento de venganza, sino “porque se tienen que respetar las sentencias judiciales”.

“Él me dejó ciega de por vida y nunca ha mostrado arrepentimiento ni ha cooperado con la justicia, pero aquí está en juego algo mucho más grande que mi caso: ¿Qué mensaje le estamos dando a las víctimas? ¿Qué mensaje le estamos dando al país? Porque empiezan con un caso y después van a seguir con otros”, sostuvo.

En esa misma línea, Campillai criticó el argumento del “Presidente, de los libertarios y de los republicanos” para indultar a condenados por hechos del estallido, que se relaciona con que habría existido una “violencia extrema” que los obligó a actuar.

“Recuerdo leer atentamente un artículo de CIPER donde se revisaron los casos emblemáticos y se concluyó que en todas las instancias, en los tribunales, no se encontró violencia extrema ni riesgo para los policías cuando ocurrieron los hechos. Es decir, el criterio del Presidente y de su sector no se cumple”, planteó.

Además, la senadora cuestionó la opacidad con la que el Gobierno ha manejado el tema de los indultos y que no se les dé la opción a las víctimas “para que también sean escuchadas”. “Creo que hay que abrir la discusión y eliminar la facultad presidencial del indulto. Es algo casi monárquico. Hay que mejorar los mecanismos que ya existen, escuchando a las víctimas y al margen de cualquier presión política”, estimó.

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Carabineros en estallido social. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Un relato incompleto

Ad portas del séptimo aniversario del estallido social, la senadora Campillai acusó que la derecha propone un relato incompleto de lo ocurrido. A su juicio, dicho sector está omitiendo las demandas sociales que motivaron las protestas y ha optado por la “criminalización”.

La parlamentaria recordó que en octubre de 2019 el relato del gobierno de Sebastián Piñera “era que estábamos en un oasis y cuando la ciudadanía reclamó por el aumento del costo de la vida, nos respondieron que había que madrugar para tomar el metro más temprano o que aprovecháramos de comprar flores, porque estaban más baratas”.

“Aun así, hasta hoy existen personajes en la política que no entienden por qué ocurrió el estallido social y, como no entienden las dimensiones de lo que significa la desigualdad y ser tratado como un problema para el sistema, intentan expresar su incredulidad relatando lo que les conviene”, sostuvo.

Campillai aseguró que: “Hay un relato que la derecha intenta instalar hace bastante tiempo, de deslegitimar lo que fue el estallido, pero se olvidan de lo principal: fueron millones de personas que salieron a protestar, de todas las edades, de todas las regiones, para decir basta. Se pedía lo justo: salud digna, pensiones que no fuesen de miseria, una educación de calidad y una sociedad que no trate al pobre como un problema. No se puede criminalizar el legítimo derecho de las personas a protestar”.

Manifestación en Plaza Italia.
Manifestación en Plaza Italia durante el estallido social. Foto: Aton.

La parlamentaria afirmó que a siete años del estallido no solo hay demandas sociales pendientes, sino que también se ha dejado de lado a las víctimas, que no han recibido ni justicia ni reparación. En esa línea, recalcó que “detrás de las cifras que se pueden entregar hay miles de familias, hay historias que quedaron truncadas e inconclusas”.

“El Ministerio Público cuenta que en total hay 464 víctimas de trauma ocular y más de 11 mil denuncias por violaciones a los derechos humanos. Son familias, son proyectos de vida que quedaron destruidos para siempre y, lamentablemente, la respuesta del Estado ha sido muy lenta, incompleta. Hay compañeros que han quedado en el abandono y que incluso han decidido quitarse la vida”, indicó.

A lo anterior, Campillai sumó que solo hay 14 agentes del Estado condenados por vulneraciones cometidas durante el estallido y que en ese mismo grupo “hay varios que ya están recibiendo beneficios penitenciarios, como es el caso de mi agresor”.

Para la senadora, “las garantías de no repetición se quedaron en discursos” y subrayó que las víctimas necesitan “que exista verdad, que exista justicia, la reparación integral que es tan necesaria y la garantía de que esto no vuelva a pasar”.

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