La decisión del Ministerio de Justicia de otorgar 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores de edad ha complicado al Ejecutivo, que enfrenta flancos por distintos lados, entre ellos del mismo oficialismo.
Hay un sector que apela a la necesidad de empujar una legislación que asegure que se excluya de manera “efectiva” a estos condenados del beneficio. Sin embargo, ha evitado responsabilizar al Ejecutivo, escudándose en la justificación que entregó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha apuntado a una “doctrina” de la Corte Suprema que motivó la decisión de su cartera.
La apuesta por legislar ha venido desde el Partido Republica, Renovación Nacional y el Partido Cristiano. El senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, anunció la presentación de un proyecto suscrito por el senador Andrés Longton (RN) y parlamentarios de la oposición, como lo son Iván Flores (DC), Karim Bianchi (Ind.) y Pedro Araya (PPD). La iniciativa busca asegurar la aplicación efectiva de la exclusión del beneficio de reducción de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
En esa línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), solicitó antecedentes al Ministerio de Justicia y anunció que impulsará un proyecto para eliminar la misma excepción. “Lo primero que hay que hacer es dejar sin efecto esta excepción, este beneficio. En nuestro país, para quienes están condenados por delitos sexuales (…) obviamente que no puede haber ningún beneficio”, aseveró.
“La legislación, en este tema, tiene que ponerse al lado de las víctimas. Basta ya de entregar beneficios a quienes son condenados por estos delitos o por crímenes. Evidentemente, este proyecto, no tengo ninguna duda que va a salir rápidamente despachado”, agregó.
Desde el Partido Cristinano, la diputada Sara Concha señaló que “no podemos permitir que existan vacíos o interpretaciones legales que terminen favoreciendo a quienes han cometido estos abusos, esta situación no comenzó con el actual Gobierno, pero tenemos la responsabilidad de corregirla. Por eso vamos a impulsar una iniciativa que entregue mayor certeza jurídica y ponga en el centro la protección de las víctimas”.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo y su justificación ha sido puesta en tela de juicio por sectores de Chile Vamos. La excandidata presidencial, Evelyn Matthei, fue categórica al señalar que “si el presidente Piñera hubiese sabido esto lo hubiera parado en el acto”.
“Yo, por lo menos, hubiese hecho todo lo posible, recurrir a cuánto organismo hay para no firmar”, declaró en conversación con Radio ADN.
Asimismo, la exministra vocera de Gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, opinó que “el Gobierno debió haber mantenido una línea clara en esta materia y decir: ‘No vamos a firmar ninguna rebaja de condena de un delito tan grave como la pedofilia. Si los tribunales de justicia deciden otra cosa, a mí no me queda nada más que acatar’”. “Hay mucho que explicar”, aseveró en conversación con Radio La Metro.
Por su parte, el senador Rojo Edwards (Ind-RN) llamó al Gobierno a modificar la determinación. “Más allá de cómo lo haga, el Ministerio debe revertir esta decisión y retirar la firma del Presidente, disculpándose por la pésima asesoría que recibió. En este caso, creo que una interpelación podría ser hasta una herramienta razonable”, enfatizó.
“El Ministerio de Justicia no puede pedirnos a quienes apoyamos al Gobierno que nos matriculemos con hacerle la vida fácil a estos violadores, mientras mantiene presos a carabineros que sí nos defendieron durante el estallido. Si la doctrina de la Corte Suprema es realizar esos ajustes, que los hagan ellos, pero no nosotros”, señaló.
La justificación del Ejecutivo respecto a una “doctrina” de la Corte Suprema que justifica el accionar del Ministerio de Justicia fue refutada por el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Desde 2003 existe una ley que contempla un mecanismo de reducción de condenas, sin embargo, en 2022 se modificó este régimen para excluir del beneficio a personas condenadas por delitos graves contra menores de edad. Así lo explicó Quesille, quien destacó que durante los gobiernos anteriores —de Piñera y Gabriel Boric— se rechazó esta rebaja de condenas trasladando la decisión al Poder Judicial.
Además, el defensor aseguró que no existe una “doctrina” definitiva sobre el tema. “Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia de los tribunales, en este caso, no es unánime. No se han otorgado beneficios en el 100% de los casos. La jurisprudencia, todo lo contrario, no ha sido estática”, afirmó.
La vía de la acusación constitucional
En medio de los cuestionamientos al Ejecutivo, la Democracia Cristiana (DC) abrió un nuevo flanco para el ministro Rabat. El jefe de bancada de la colectividad en la Cámara, el diputado Jorge Díaz, anunció que iniciará conversaciones con las bancadas de oposición y el Partido de la Gente (PDG) para analizar los antecedentes y evaluar la presentación de una acusación constitucional contra el secretario de Estado por las rebajas de penas otorgadas a agresores sexuales de menores de edad y personas recluidas en Punta Peuco.
En la misma línea, el diputado Héctor Barría (DC) afirmó que la colectividad no descarta ninguna acción para abordar la controversia. “No vamos a descartar ningún tipo de acción y la estamos evaluando todas, desde una acusación constitucional y por supuesto hasta leyes que eviten que este gobierno y cualquier otro (…) siga rebajando condenas a personas que fueron sentenciadas por abusos, por violación de menores”, señaló. El legislador calificó la situación como “impresentable” y enfatizó la necesidad de resguardar a las familias, especialmente a niñas y niños.
La entrada Rebajas de penas a agresores sexuales de menores: crecen las críticas y evalúan acusación constitucional contra Rabat se publicó primero en Diario y Radio Universidad Chile.
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